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Bruselas cambiará el reparto de subvenciones a frutas y hortalizas

En lugar del pago por los derechos históricos, se hará por nuevos contratos

Llegan cambios para uno de los sectores agrícolas más importantes en España. La UE aprobará entre hoy y mañana la nueva Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas. Los cambios más relevantes consisten en que, frente a las subvenciones según la producción histórica, España confía en que las futuras ayudas sean en función de las mercancías que los agricultores envían a las industrias para su transformación.

Hay mucho en juego. Uno de cada tres agricultores se dedica a la fruta y hortaliza, sector en el que España es el primer productor de Europa. La facturación del año pasado ascendió a 14.000 millones de euros, con unos 450.000 empleos directos. Sin embargo, en esta ocasión la discusión entre Bruselas y los diferentes gobiernos no es para pedir más subvenciones, sino para repartirlas de una forma más moderna y eficaz, con el objetivo de incrementar la producción.

La reforma contempla el mantenimiento de subvenciones por vaor de 1.469 millones de euros, de los que unos 490 millones serán para España. Esta cifra equivale al 3% del presupuesto comunitario para el sector agrario.

El cambio en la reglamentación diferencia las frutas y hortalizas frescas y en el mercado de transformación, es decir, los que se dedican a conservas, zumos, etc. En lo que afecta a la política para los productos transformados, fundamentalmente en los cítricos, Bruselas planteaba las ayudas en función de los cobros históricos. España encabezó una propuesta para que, hasta 2013, el pago de esa ayuda sea por hectárea, pero no en función de los cobros históricos de los productores, sino según los nuevos contratos con la industria para la entrega de la materia prima. Con este sistema, Agricultura considera que se facilita el abastecimiento industrial y, por otra parte, se asegura la retirada de una parte de los productos frescos.

En el caso del tomate para concentrado, con el sistema actual, España tiene esta campaña una penalización de la ayuda del 63% porque ha superado su cuota en los años precedentes. Agricultura defiende, y parece que tiene todos los visos de que pueda lograrlo, una ayuda nacional de unos 16 millones de euros para compensar las penalizaciones que tendrán los cultivadores.

En el caso del mercado de los productos en fresco, Bruselas dará una cal y otra de arena. Quitará las ayudas a la exportación, que todavía existen hoy, así como los llamados "mecanismos de intervención", que son aquellos por los que la Administración adquiría producción sobrante en caso de grandes cosechas.

Sin embargo, apoyará a las Organizaciones de Productores (OPFH) como eje de la política para que se regulen los mercados. La UE quiere que esstas organizaciones -que son agrupaciones de agricultores- ordenen los mercados por zonas y que ellas mismas busquen dónde colocar su producción. En la actualidad sólo suponen el 20% de toda la oferta comunitaria.

El apoyo de Bruselas se materializará con ayudas a la constitución de estas organizaciones, así como mayor flexibilidad para que se integren en las mismas los agricultores. En la actualidad, la ayuda comunitaria a las organizaciones se eleva al 4,1% del valor de sus ventas y Bruselas se niega, en principio, a elevar ese techo al 6% como piden varios países, entre ellos España. La Comisión se resiste, igualmente, a elevar del 50% al 60% otra de las ayudas que reciben estos productores, denominada cofinanciación. Esta subvención se refiere a las campañas concretas que puedan hacer las organizaciones.

España ha reclamado mas fondos para la gestión de crisis (por ejemplo, por contaminación por fertilizantes) y la reforma puede aumentar las partidas con otras medidas, como la inclusión de la política de seguros.

El Ministerio de Agricultura quiere también acabar con las ayudas que conservan los agricultores aunque luego cambien de cultivo. Eso ocurre, por ejemplo, con los agriculores que plantaban cereal. Una vez que dejaban de hacerlo, mantenían las ayudas de la UE, aunque comenzaaran la producción de tomate. Así, su producción estaba primada frente a otro agricultor que, desde el principio, se dedicó al tomate. España ha reclamado un periodo transitorio en el que se prohíba cultivar frutas y verduras en una superficie que disponga de una ayuda del pago único.

La Administración española espera que este mecanismo sea un precedente para negociar su aplicación en la próxima reforma de la Organización Común de Mercado para el vino, que se va a presentar el próximo cuatro de julio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de junio de 2007