Las empresas pesqueras piden privatizar el control sanitario de contenedores en Vigo

Las empresas pesqueras solicitan al Gobierno central y al puerto de Vigo la privatización del servicio de inspección sanitaria del pescado y marisco congelado como medida definitiva para evitar el atasco de contenedores. También piden una gran ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Vigo. El mal funcionamiento del servicio mantiene atascados en la terminal más de 2.000 contenedores diarios que tardan una media de 12 días en ser despachados para el mercado. La empresa estatal Tragsa ha ofrecido sus servicios veterinarios para romper el colapso.

Las empresas pesqueras están desviando sus contenedores de pescado y marisco a otros puertos, como Valencia y Marín. Las conserveras han iniciado la compra de productos en Leixoes (Oporto) y Bilbao. Los comercializadores de pescado han presentado demandas por daños y perjuicios contra el Estado. Y las empresas propietarias de almacenes frigoríficos están estudiando la posibilidad de realizar un cierre patronal de protesta, ante la pérdida masiva de clientes.

En el puerto de Vigo entraron el año pasado más de 500.000 toneladas de pescado y marisco congelado en 19.000 contenedores frigoríficos. Ningún otro puerto europeo negocia tal cantidad de pescados congelados para el consumo humano. Pero cada contenedor permanece en los muelles de Vigo al menos dos semanas, a causa de la burocracia portuaria (control sanitario, trámites aduaneros, carga y descarga, transporte). El problema es que, cada año, el volumen de pescado en contenedores aumenta en un 6% anual y el colapso se agudiza.

"El daño económico y comercial que están sufriendo las empresas pesqueras es muy elevado. Es un problema enorme y creemos que las autoridades [Puerto, Ministerio de Fomento y Ministerio de Sanidad] no son conscientes del perjuicio que están causando", denunció ayer Reinaldo Iglesias, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), la patronal pesquera más importante de España. "Llevamos más de un año hablando con las autoridades y no se ha hecho nada", relata Eduardo Vieira, presidente de la Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca (Acemix).

Fuentes del puerto de Vigo admitieron que el problema "no es coyuntural, si no estructural", explicando que, además de aumentar la plantilla de inspectores sanitarios, el puerto requiere de duplicar la terminal de contenedores y romper el monopolio del servicio que, desde 1994, tiene la empresa Termavi (grupo Davila y Contenemar). "Lo que no puede ser es que el mismo que monopoliza la terminal de contenedores y se beneficia del retraso [cada contenedor paga por día de estancia] sea también el que gestiona el puesto de inspección fronteriza, que despacha los contenedores", denunció ayer el presidente de una empresa pesquera afectada.

Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión del grupo Davila. La empresa estatal Tragsa ha ofrecido sus servicios veterinarios para reforzar los controles sanitarios del pescado y desbloquear la situación.