Las casas invisibles de Intervida

Ni siquiera un vigilante se deja ver dentro de los terrenos, ubicados en la manzana 9 de la avenida Francisco Pizarro, uno de los sectores más deprimidos del casco antiguo de la capital peruana. Gran parte de las construcciones del distrito del Rímac datan de inicios del siglo XX, incluso del virreinato español. La suma del tiempo transcurrido y la pobreza de sus actuales ocupantes ha dado como resultado un evidente deterioro de los edificios. Pese a que muchos están en peligro de derrumbarse, siguen siendo ocupados, a veces por más de una decena de familias. Es en esta zona, aquejada por un crónico déficit de vivienda digna, donde Intervida decidió emprender su aventura inmobiliaria.

Hace cinco años, esta ONG investigada por la fiscalía de Barcelona por un supuesto desvío de 45 millones de euros, compró un solar de 95.000 metros cuadrados en este distrito. La idea era construir 2.700 casas para dar cobijo a más de 10.000 personas de escasos recursos. Pero allí no hay nada. La organización adquirió los terrenos a través de Argenta Inmobiliaria, una de las muchas empresas que tiene en Perú.

En septiembre de 2002, la inmobiliaria gastó 6,18 millones de dólares (5,15 millones de euros) en adquirir dos terrenos contiguos. Hasta ahí ningún problema. Aunque Intervida obtiene del dinero de los padrinos unos 90 millones de euros al año, la investigación de la Fiscalía de Cataluña señala que su inmobiliaria no cuenta con el dinero necesario para iniciar las edificaciones.

Algunos de los vecinos están al tanto de la intención de construir allí varios miles de casas. Sólo algunos, los más curiosos, se preguntan por qué, después de varios años de comprados los terrenos, todavía no se ha iniciado en ellos ninguna construcción. Un estrecho portal es el único vestigio que queda de la intensa actividad que antes se desarrollaba allí dentro. Los terrenos pertenecieron a Cuvisa, una empresa textil que se declaró insolvente en 1995. Argenta Inmobiliaria los adquirió como parte del proceso de liquidación. Según informaciones publicadas en la prensa peruana, la inversión total para concluir el proyecto, denominado Las Nuevas Alamedas del Rímac, asciende a 45 millones de dólares (37,5 millones de euros). Argenta Inmobiliaria no ha cumplido siquiera con los pagos que debe a la Municipalidad del Rímac por la licencia de construcción, que asciende a unos 36 mil euros, pese a que se han enviado cartas a la inmobiliaria solicitando dicha cantidad.

Sólo la primera etapa de la construcción requiere una inversión de casi 4 millones de euros. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investiga el supuesto desvío de dinero de donaciones recibidas por Intervida a otras empresas (entre ellas, Argenta Inmobiliaria), sospecha que la empresa no cuenta con el capital necesario para emprender una obra de esta envergadura.

En las diligencias, la fiscal del caso, Carmen Martín Aragón, afirma que "la sociedad Argenta Inmobiliaria SAC está totalmente endeudada. El proyecto de creación de viviendas en los terrenos de Rímac (Perú) sólo se puede llevar a efecto si Fundación Privada Intervida anticipa todo el dinero para la construcción".

Intervida reconoce que su empresa está endeudada, aunque con ellos mismos. En un comunicado de prensa, afirma que Argenta Inmobiliaria debe a la ONG 6,7 millones de euros, cedidos a través de un préstamo "que sería devuelto una vez que se vendieran los pisos". Asegura, también, que "según el Ayuntamiento de Lima, la obtención de las licencias de construcción se ha suspendido debido a la información solicitada por la Fiscalía de Barcelona". Sin embargo, la encargada de otorgar estas licencias es la Municipalidad del Rímac, que no tiene noticias de la investigación iniciada en España.

No obstante, sí tienen conocimiento de otros procesos judiciales relacionados con estos terrenos. En 2003, los ex trabajadores de Cuvisa, la fábrica textil que poseía los terrenos antes de la operación, demandaron ante los tribunales peruanos a la firma que se hizo cargo de la liquidación de la empresa y también a Braulio Alberto Gómez Taracena y Francesc Violan González, representantes de Argenta Inmobiliaria. Según los demandantes, después de la operación, la liquidadora descontó cerca de tres millones de dólares por gastos, sin el debido sustento. A los directivos de Argenta Inmobiliaria se les acusa de asociación ilícita para delinquir.