Hacienda crea una comisión para buscar un acuerdo fiscal con Panamá

El Ministerio de Economía y Hacienda acordó ayer con una delegación del Gobierno de Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. En una reunión entre la secretaria general de Hacienda, Dolores Beato, se acordó acelerar un acuerdo con el objetivo de que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a 4.000 millones de euros. El encuentro estuvo precedido por otro del vicepresidente panameño con el director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas.

La legislación tributaria panameña acepta la confidencialidad de registros y documentos, por lo que se ha considerado paraíso fiscal. Hacienda, en ese sentido, ha puesto una condición insalvable: que Panamá acceda a dar información fiscal sobre españoles que canalicen sus ahorros en dicho país. El Gobierno español exige que, en cumplimiento de la Ley de Prevención del Fraude, que ha recogido el Real Decreto de 1991, para que un paraíso fiscal deje de ser considerado como tal debe firmar "un acuerdo de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición". Panamá, en cualquier caso, no recibirá ningún trato de favor.

Precisamente, la OCDE ya dio en 2002 un avance notable al considerar al país centroamericano un "paraíso fiscal cooperante", al firmar un acuerdo de colaboración contra el blanqueo de dinero, que debe ser corroborado por cada país.

De hecho, la mayor parte del club de países ricos ya no tienen en su lista negra a Panamá. Según fuentes de la Embajada panameña en España, Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente. Italia ha abierto un proceso parecido al español, y busca un acuerdo. Y Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia no consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.

Por ese motivo, las empresas de esos países tienen ventaja sobre las españolas, ya que Panamá cuenta con la llamada Ley de Retorsión, según la cual se mide por el mismo rasero a los países que lo consideran como paraíso fiscal. Eso hace que las compañías españolas tengan más dificultades que el resto para lograr contratos.