Bruselas quiere castigar a los empresarios que empleen a 'sin papeles'

El buen tiempo ha vuelto a sacar a la mar a cientos de desesperados, que a bordo de pateras tratan de tocar tierra europea. Vienen a trabajar, en lo que sea y como sea, y muchos de ellos acaban empleados en la economía sumergida. La Comisión Europea piensa que si no fuera posible encontrar trabajo ilegal, muchos menos indocumentados arriesgarían sus vidas para llegar hasta Europa. Por eso, Bruselas tiene previsto aprobar hoy una iniciativa legal con la que pretende castigar, incluso con penas de cárcel, a los empresarios que empleen a sin papeles. El Ejecutivo comunitario pretende además que aumenten las inspecciones laborales y que se multe a las empresas y empleadores individuales que cometan un fraude.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, encargado de presentar hoy la propuesta, está convencido de que el verdadero "efecto llamada" lo constituye el empleo ilegal, y según explicó en la última reunión de ministros de Interior de la UE, menos de un 3% de los 22 millones de empresas registradas en la Unión están sujetas a inspecciones laborales. "Prácticamente nada", a juicio de Frattini, quien pretende ahora elevar esa cifra hasta el 10%. Algunos miembros del órgano que debe aprobar mañana la propuesta no ven con buenos ojos un incremento tan fuerte de las inspecciones, ya que a su juicio incrementaría la burocracia, según fuentes comunitarias.

Una vez aprobada por los comisarios, el texto debe contar con el visto bueno de una mayoría cualificada de los Veintisiete y luego lograr el aval de la Eurocámara para poderse convertir en legislación de obligado cumplimiento. En diciembre del año pasado, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión encargaron a la Comisión que desarrollara medidas para combatir las crisis migratorias. España ha sido uno de los países que ha negociado con más fuerza para que la UE asuma responsabilidades en las cuestiones migratorias.

Trabajo doméstico

De aprobarse la propuesta de la Comisión, los empresarios que contraten de manera ilegal a inmigrantes se enfrentarán a sanciones administrativas, entre las que figuran multas (incluido el coste de repatriación del inmigrante a su país de origen), la devolución de ayudas públicas y la pérdida de acceso a los concursos públicos. Cuando el empleador explote de forma abusiva a los sin papeles, podrá enfrentarse a castigos penales.

Las sanciones se aplicarán a empresarios y a empleadores individuales como en el caso del trabajo doméstico. Estas sanciones sólo se aplicarán cuando la infracción esté relacionada con trabajadores extracomunitarios.

Los códigos penales de 19 países de la Unión ya contemplan sanciones penales para los empleadores. Sin embargo, las sanciones varían mucho de un país a otro, y además, en algunos países, no se aplican todo lo que deberían. El Ejecutivo comunitario pretende ahora igualarlas y hacer que se cumplan.