Más del 40% de las quejas sobre la justicia en 2006 se referían a los registros civiles
El Poder Judicial considera grave la situación de la oficina de Talavera, acusada de racismo
Cuando los ciudadanos se quejan por la justicia, en un 40,3% lo hacen por el funcionamiento de los registros civiles. La vocal del Poder Judicial responsable del Área de Atención al Ciudadano, Ángeles García, consideró ayer, a raíz de las acusaciones de racismo hacia una funcionaria del registro de Talavera de la Reina (Toledo), que estos datos son "una muestra del clamor ciudadano contra las deficiencias" de esta institución. García admitió que el caso de Talavera, donde supuestamente se ha dificultado a inmigrantes y gitanos inscribir a niños o tramitar sus bodas, es grave.
En total son 35 las quejas presentadas contra el Registro Civil de Talavera de la Reina
(Toledo). De ellas, 17 son por problemas estructurales y otras 15 por trato desconsiderado, según informó ayer el Consejo General del Poder Judicial. Los escritos de estas familias relatan situaciones que van desde la grosería y malas maneras hasta obstaculizar durante años la inscripción de niños gitanos y los expedientes matrimoniales entre españoles y extranjeros.
María de los Ángeles Olmedo, una de las afectadas, asegura que tuvo que escuchar frases "muy ofensivas" en la entrevista para determinar si su matrimonio era de conveniencia -que se la hizo una funcionaria sola, sin juez ni secretario judicial-. "Me dijo que cómo podía casarme con un marroquí, que me iba a pegar, que los marroquíes eran malos, que sólo me quería por los papeles o que me iba a dar mala vida", relata. La misma funcionaria le dijo después verbalmente que no podía casarse y en el juzgado jamás motivaron la decisión ni le permitieron acceder a su entrevista.
El Consejo General del Poder Judicial consideró ayer que la situación del registro de Talavera es lo "suficientemente grave como para haber remitido en febrero un listado con todas las quejas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha abierto unas diligencias informativas. Los escritos sobre el registro siguen llegando. Ayer mismo entraron otras dos, según indicó a este periódico la vocal Ángeles García, vocal responsable del área de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial.
'Alarmante' incremento
García se refirió a los problemas estructurales de los registros civiles en España, que coparon el 40,3% de las quejas que presentaron en 2006 los ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia, lo que supone un "alarmante incremento" respecto al año anterior, cuando el porcentaje, "ya elevadísimo", en palabras de la vocal, fue del 33,7%.
La razón de tanta queja se debe fundamentalmente a situaciones en las que los ciudadanos se sienten mal tratados o soportan retrasos desmesurados cuando tienen que hacer trámites en los registros. "La ley y los registros están pensados para estructuras del siglo pasado", opina García. "Antes, el que nacía en un pueblo moría allí y no tenía apenas trato con el registro civil. Ahora, sin embargo, la gente se separa, se divorcia, adopta niños, se impugna la paternidad, hay importantísimos flujos migratorios. En fin, hay una realidad nueva que exige aplicar nuevas tecnologías, incrementar la plantilla de funcionarios y adoptar medidas para resolver el desbordamiento de los registros". Indicó que, una vez detectado que hay un fallo en el sistema, es necesario que los poderes públicos le pongan remedio.
Sobre el supuesto caso de racismo de Talavera de la Reina no quiso pronunciarse puesto que las quejas ya se han trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en estos momentos está investigando los hechos. Pero sí señaló que es necesario impedir que "los funcionarios se crean que son los dueños del cortijo", para evitar comportamientos arbitrarios y fuera de control, y afirmó que "hay que hacer a todos conscientes de que están al servicio de los ciudadanos, de que el registro civil es un servicio público".
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, presentó ayer un informe ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia explicando la situación que denuncian los ciudadanos talaveranos, y habla de "graves anomalías" y de trato discriminatorio por motivos étnicos.
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