El senador Víctor Bravo pone su cargo a disposición del PNV por el fraude de Irún

El presidente de la ejecutiva guipuzcoana del PNV, Joseba Egibar, aseguró ayer que el senador Víctor Bravo ha puesto su cargo a disposición del partido desde el momento en que la Diputación de Guipúzcoa destapó la existencia de graves irregularidades en la oficina de la Hacienda foral de Irún. El PNV quiere zanjar el asunto con la máxima urgencia, cuando ya ha arrancado la campaña electoral, y exigirá responsabilidades políticas a Bravo, quien dirigió la Hacienda foral entre 1991 y 2003 cuando una trama dirigida supuestamente por su hermano, José María Bravo, cometió el fraude fiscal, cifrado en más de tres millones de euros. La esposa de un dirigente peneuvista está siendo investigada en esta causa.

Egibar aseguró que Bravo puso su acta de senador en manos del partido a comienzos de año, antes de que trascendiese hace una semana, a través de la denuncia del fiscal, la implicación de su hermano en la trama que supuestamente malversó al menos tres millones de euros en la delegación de la Hacienda foral en Irún. Víctor Bravo fue director general de la Hacienda guipuzcoana entre noviembre de 1991 y julio de 2003, periodo en el que se produjeron los supuestos cobros ilegales a contribuyentes que tenían deudas pendientes. Estas cantidades nunca fueron ingresadas en las arcas forales.

Bravo ha defendido en todo momento la inocencia de su hermano, a quien el fiscal imputa tres delitos: malversación de fondos públicos, falsedad de documento oficial y blanqueo de capitales. Entre los acusados también figura Rosa Cobos Crespo, esposa de José María Bravo. El senador está convencido de que las acusaciones del fiscal son "falsas" y argumenta que mientras él dirigió Hacienda no se cometió "ninguna irregularidad".

En la cúpula del PNV han molestado especialmente las declaraciones de Bravo que este periódico publicó el pasado sábado. Además de negar cualquier responsabilidad penal y política en el fraude, el senador implicó en el caso con nombres y apellidos a los actuales responsables de la Diputación. A raíz de esas manifestaciones, la secretaria de la ejecutiva peneuvista, Josune Ariztondo, mantuvo el pasado martes una reunión en Madrid con Bravo, a quien pidió explicaciones por sus críticas y le sugirió la conveniencia de renunciar a su puesto en la Cámara alta.

Egibar aseguró ayer que "desde el principio" el senador ha dejado en manos de la ejecutiva nacional peneuvista (el EBB) el futuro de su escaño: "Él ya manifestó con claridad que el partido puede disponer cuando quisiera de su cargo", recalcó. Esta afirmación contrasta con la firmeza con que el propio Bravo se resiste a presentar su dimisión: "¿Dimitir yo? Ni por un cortijo. Estoy más limpio que la patena", declaró a EL PAÍS la semana pasada.

La secretaría del EBB difundió anoche un comunicado en el que recalca que el senador ha asumido ante la máxima dirección del partido la responsabilidad política que pueda derivarse de su actuación en la Hacienda foral.

Bravo se afilió al PNV en 1995. Su segunda esposa, Arantza Arbelaitz, presidió entre 1993 y 2003 el Tribunal Económico-Administrativo de la Hacienda guipuzcoana, órgano competente para conocer y resolver las reclamaciones de los contribuyentes en materia de gestión, inspección y recaudación de impuestos, así como para imponer sanciones tributarias. Ese puesto es de libre designación. Bravo y su esposa cesaron de sus cargos en Hacienda el mismo día.

La esposa de un dirigente

La SER informó ayer de que Maite Moneo, esposa de Luis María Bandrés, destacado miembro de la ejecutiva guipuzcoana del PNV y diputado foral entre 1995 y 2003, está siendo investigada en este causa. Moneo intentó saldar en 2003 una deuda por impago del IVA y del Impuesto de Sociedades de una empresa que superaba los 600.000 euros. Según la SER, realizó pagos en metálico por un total de 108.000 euros entre octubre y diciembre de 2003, cantidades que no llegaron a las arcas forales.

La deuda corresponde a la firma Tiendas Unidas, que administraba Moneo. Entre 1987 y 1991, dicha sociedad contrajo una deuda tributaria cercana a los 600.000 euros, según constató una inspección de 1994, año en que la pareja hizo separación de bienes. Un año después, Hacienda le condonó el 75% de las sanciones, pero Tiendas Unidas quebró, con lo que el fisco guipuzcoano no recuperó lo defraudado.

El PNV quiere resolver la situación de Bravo con la máxima rapidez. La situación del senador podría zanjarse el próximo lunes, coincidiendo con la reunión semanal del EBB. Su presidente, Josu Jon Imaz, advirtió ayer en Bilbao de que su partido llegará "hasta el final" para aclarar el fraude y defendió la actuación de la actual Diputación por haber destapado las irregularidades y ponerlas en conocimiento del fiscal, puntos en los que luego insisitó el comunicado del partido. El candidato a diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, anunció "tolerancia cero" con este tipo de actuaciones delictivas.