La policía cierra la mina ilegal en el valle protegido de León

La policía municipal de Villablino (León) paralizó ayer la mina a cielo abierto ilegal del Feixolín. La orden, que partió de un juzgado de León, provocó como contrapartida de la empresa el despido de 64 de los 180 trabajadores de la explotación y la amenaza, por parte de la dirección de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), propietaria de la mina, de prescindir de 300 mineros más. En pocos lugares como en Villablino se vive de forma tan dramática el conflicto entre el medio ambiente y la economía.

La mina, propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, ha hecho un enorme bocado de unas 100 hectáreas en una montaña Reserva de la Biosfera, zona de interés comunitario, de especial interés para las aves, perteneciente a la Red Natura 2.000 y futuro Parque Natural del Alto Sil.

De este lugar se han extraído de forma ilegal más de tres millones de toneladas de carbón. La mina funcionó desde 1995 y en 2005 un tribunal sentenció que era ilegal porque carecía de licencia ambiental y urbanística. Un vecino molesto con las voladuras a cielo abierto inició el proceso judicial en marcha y ahora la empresa deberá restaurar la zona. Ninguna de estas protecciones europeas de medio ambiente y urbanismo han servido de nada en 12 años.

La Junta de Castilla y León no ha cerrado la mina y la Administración Central no ha presentado recurso contra su funcionamiento en los tribunales. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma y la Comisión Europea pedían en los últimos años el cierre inmediato de una explotación que dañaba una zona de alto valor ecológico.

Subvención millonaria

El Ministerio de Medio Ambiente, que sí ha recurrido a los tribunales otras obras en suelo protegido, multó la mina en con 600 euros por vertidos incontrolados al río. A la vez, el Gobierno subvencionó en 2005 la empresa con 42 millones en concepto de ayudas al carbón nacional. MSP es la mayor minera privada de España.

La policía municipal se desplazó ayer a la mina a las 7.30 para precintar la explotación y obligar al aparcamiento de la maquinaría lejos del lugar a proteger. Para el alcalde de Villablino, Guillermo Murias, de Izquierda Unida, se trata de hacer cumplir la legalidad vigente, el Plan del Carbón y la legislación sobre el medio ambiente.

El juez dictó hace una semana un aval de 900.000 euros para evitar el pago de una multa a MSP de 129 millones de euros que Murias impuso a la mina mientras se dilucida el recurso de la empresa contra la multa.

En la tarde de ayer, miembros de la delegación del Gobierno regional en León y de la subdelegación del Gobierno central mantenían una reunión para tratar de llegar a un acuerdo que calme los ánimos de la población en la comarca de Laciana, al norte de la provincia, donde la actividad minera de MSP es la principal fuente de ingresos. Los sindicatos y la empresa confían en que la Junta de Castilla y León agilice la apertura de una mina a cielo abierto junto la actual, ya con todos los permisos. MSP acusa a la Junta de haber retrasado la tramitación y por eso la culpa de los despidos.