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La falta de trabajadores sociales lastra el arranque de la ley de dependencia

Sólo cuatro comunidades han planificado formar y contratar más empleados municipales

Cualquier ciudadano tiene derecho ya a que se valore su grado de discapacidad, pero, en la práctica, la mayoría de las comunidades no están aún preparadas para iniciar este proceso. Los trabajadores sociales, encargados de estos primeros trámites administrativos, se quejan de falta de personal y de formación. Y tampoco disponen de formularios para rellenar ni de programas informáticos adecuados. El Consejo General de Trabajadores Sociales ha diseñado dos modelos de formularios que se presentaron ayer al Imserso. Pero son las comunidades las que tienen que aceptarlos o diseñar sus propios documentos. "Sólo Asturias, Andalucía, Extremadura y Castilla y León van más avanzadas", dicen.

Las comunidades pueden usar los impresos del Gobierno o hacer los suyos

"También se quejan los médicos, no saben qué informes deben expedir", dicen

Lo primero que tendrán que hacer los ciudadanos para acogerse a los derechos y servicios previstos en la Ley de Dependencia es acercarse a los servicios sociales de su pueblo o barrio e iniciar la solicitud para que se valore su grado de discapacidad. Los trabajadores sociales encargados de estos trámites no pueden negarse porque el plazo para ello empezó el 21 de abril. Pero muchas comunidades tienen aún en mantillas este proceso, o lo han aplazado. "No tenemos todos los formularios, ni formación ni personal suficientes; también se están quejando los médicos cuando se les solicita un informe del discapacitado porque no saben qué tipo de informe tienen que expedir, falta formación", se queja la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Ana Isabel Lima.

"Las comunidades que van más adelantadas son Andalucía, Asturias, Extremadura y Castilla y León, que, por lo menos han contratado o ya tienen previsto incorporar más trabajadores sociales en cada ayuntamiento, está más planificado, han informado y formado a los trabajadores", explica Lima.

También Ceuta y Melilla, de cuya gestión se encarga el Gobierno, tienen ya los primeros formularios. Las solicitudes se acompañarán de una serie de documentos identificativos, económicos y médicos y se enviarán a las oficinas dispuestas por las comunidades. Los equipos de trabajadores sociales y sanitarios se acercarán entonces a cada casa para valorar in situ la discapacidad del solicitante. Los papeles volverán entonces a manos de los trabajadores sociales que decidirán, junto al usuario, qué ayudas y servicios de los disponibles son más convenientes para cada caso. Este Plan Individual de Atención (PIA) no podrá elaborarse hasta que no se aprueben otros decretos, el de financiación y el de las prestaciones económicas. El primero ya está en el Consejo de Estado y el segundo lo están estudiando las comunidades.

El Ministerio de Asuntos Sociales ya presentó a las comunidades un modelo de solicitud que es el que se aplica en Ceuta y Melilla. Pero los gobiernos regionales tienen la última palabra. Pueden usar todos los mismos documentos o hacer cada uno el suyo.

"Por ahora no hay mucho hecho, ni formularios, ni programas informáticos, no hay nada. Debería estar todo listo ya. Nosotros somos los que tenemos que dar la cara y ver a las personas con discapacidad cada día, conocemos sus necesidades, pero no hay personal suficiente, ni formación", se queja Ana Isabel Lima. Ella entregó ayer al Imserso otros dos modelos de formularios para otros trámites, que también se propondrán a las comunidades: el documento para el Plan Individual de Atención (PIA) y el del informe social, donde constarán las características del entorno físico, humano y económico del solicitante. Lima lamentó el retraso existente en algunas comunidades, "la mayoría", y lo achacó a "cuestiones políticas".

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga, afirmó recientemente en una entrevista a Europa Press, que lo previsto en la ley de dependencia se retrasará porque el Gobierno no ha desarrollado los reglamentos oportunos ni la infraestructura para que las comunidades puedan aplicarla debidamente. Pero algunas comunidades del PP pidieron en la última reunión territorial que se aplazaran los trámites.

Ana Isabel Lima, que desarrolla su trabajo en Madrid, explica que en esta comunidad se han contratado los equipos regionales que harán las valoraciones, "pero sobre el personal extra que necesitamos los trabajadores sociales nos han respondido que ya se verá".

Las ayudas sólo las percibirán este año los grandes dependientes, es decir, los que obtengan en su evaluación entre 75 y 100 puntos. Se calcula que unos 200.000. Hay un teléfonopara información: 900 40 60 80.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2007