Los expertos dicen que el Estado es "restrictivo" con su criterio de inversión

¿Cataluña recibirá en 2007 el 18,8% de la inversión estatal en infraestructuras, como manda el Estatuto? Para responder a esta pregunta, es necesario aclarar qué se entiende por infraestructura. El Estado lo circunscribe a las inversiones de Fomento y Medio Ambiente, pero expertos sondeados por la Cámara de Comercio de Barcelona, como Núria Bosch, Germà Bel y Marta España, ven este criterio restrictivo.

Utilizar un concepto restrictivo de infraestructuras implica incluir menos inversiones. La Cámara de Comercio de Barcelona, cuyos estudios técnicos internos cuestionan el esfuerzo inversor del Gobierno en Cataluña, ha pedido ayuda a algunos expertos para que arrojen luz al respecto.

Germà Bel, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), explica a este diario que los economistas y el Diccionario de la Lengua Española otorgan un sentido más amplio al concepto de capital público (inversión en infraestructuras): "Implica todos los elementos estructurales de una economía que facilitan el flujo de bienes y servicios". Es decir, incluye desde la inversión en vivienda hasta la de aeropuertos, pasando por teléfonos, saneamiento y sistemas energéticos.

Por ello, "no hay base para constreñir el concepto infraestructura a dos sectores concretos como el transporte y el medio ambiente, aunque es cierto que son muy importantes", señala. Además, Bel sostiene que, sobre la base de las referencias que hicieron los distintos grupos políticos durante el debate parlamentario sobre el Estatuto, éste se refiere a "la acepción semántica del término y al habitual análisis de los economistas".

Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la UB, y la profesora Marta Espasa, ambas miembros del Instituto de Estudios de Barcelona (IEB), aseguran que el Gobierno central utiliza un criterio "muy restrictivo" para calcular la inversión en infraestructura. En línea con el informe técnico interno de la Cámara de Comercio, ambas expertas exigen criterios de interpretación "claros, precisos y estables" sobre la base de cálculo y que una vez establecida la metodología, ésta sea duradera.

Bosch y Espasa se sorprenden de que en los Presupuestos del Estado aparezca por primera vez una política de gasto llamada "infraestructuras", que el ministerio considera la base de cálculo que tener en cuenta cuando se habla de inversión estatal en infraestructuras. A juicio de estas dos expertas, "no incluye toda la inversión que se lleva a cabo".

En cuanto a inversión, ambas académicas sostienen que además de tener en cuenta el capitulo 6 de los presupuestos (inversiones reales) también se debería considerar transferencias de capital (capítulo 7), especialmente hacia el resto de administraciones (comunidades autónomas y corporaciones locales). Se trata de los recursos que transfiere el Gobierno central a otra administración para que ésta ejecute una obra.

Bosch y Espasa creen, finalmente, que la base sobre la que se debe imputar el porcentaje de producto interior bruto (PIB) debería ser la inversión liquidada y regionalizada, que es la que se utiliza para comparar Cataluña con el resto de España.