La Ley de Dependencia arranca de forma desigual entre comunidades

Asturias, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra, entre otras, empezaron ayer el primer paso de la aplicación de la nueva ley de dependencia. Este proceso consiste en la solicitud de la evaluación de la discapacidad, paso previo a tener acceso a las ayudas, que este año serán sólo para los grandes dependientes.

El Principado, gobernado por PSOE y la coalición de IU y Bloque por Asturies (BA), abrió ayer el plazo para tramitar las solicitudes. Se calcula que en Asturias hay más de 6.000 personas que podrían tener derecho a una prestación. Más de la mitad de ellas ya reciben desde el año pasado algún tipo de asistencia por parte de la comunidad autónoma.

Para comenzar a aplicar la nueva ley, los centros sociales de titularidad municipal de los 78 ayuntamientos asturianos cuentan desde ayer con los impresos para reclamar las ayudas. Los solicitantes deben acompañar este documento con el certificado médico de su centro de salud sobre la situación de la persona dependiente, con un certificado de empadronamiento y con fotocopia del documento nacional de identidad.

Sólo en el Ayuntamiento de Gijón, el municipio más habitado de Asturias con 273.931, se atendieron ayer a 435 solicitantes para acogerse a la Ley de Dependencia. El Principado ha contratado a 52 evaluadores que visitarán a los solicitantes en sus domicilios y verificarán su grado de dependencia.

Acusaciones del PP

El PP asturiano acusó al ejecutivo autonómico de "infantil" y de hipotecar al próximo Gobierno regional al aplicar la ley sin esperar, como el resto de las autonomías, a que el Gobierno central y las comunidades pacten las cuantías de las prestaciones y se aprueben los dos decretos pendientes. La consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González, de IU, sostuvo que, una vez aprobado el criterio de evaluación, nada impide iniciar la tramitación con la recogida de las solicitudes y el estudio, caso por caso, del grado de dependencia de cada demandante de acuerdo con el baremo publicado el sábado en el BOE, y reprochó al PP que "desde el principio haya querido obstaculizar la que puede ser la ley estrella de la legislatura". González opina que lo que hace Asturias es "ganar tiempo", iniciando ya los trámites de solicitud.

Pese a su rechazo en el Consejo, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, también tuvo ayer su primer demandante de ayuda, un hombre de 91 años con las dos piernas amputadas. Los madrileños también comenzaron a presentar hoy las peticiones, aunque según fuentes de la consejería de Familia y Asuntos Sociales "la aplicación informática común que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene que proporcionar a todas las regiones aún no está disponible, por lo que es imposible proceder a la baremación".