El Gobierno blindará la ley para evitar que los juicios franquistas generen indemnizaciones

El PSOE sostiene que las arcas del Estado no podrían hacer frente a las reclamaciones

Madrid - 22 abr 2007 - 00:00CEST

El Gobierno tiene mucho interés en dejar claros los límites del vuelco que el jueves dio a la Ley de Memoria Histórica, y que logró su desbloqueo. El Ejecutivo y el PSOE pactaron con IU-ICV declarar "ilegítimos" los juicios de la represión franquista, pero el Gobierno tratará de impedir que de esa declaración se deriven consecuencias económicas. Los socialistas recuerdan que, de lo contrario, miles de afectados pondrían en jaque al Estado reclamando indemnizaciones millonarias, por ejemplo, por un fusilamiento injusto.

El Ejecutivo ha aceptado, para que la ley saliera adelante, el concepto de ilegitimidad que proponía IU-ICV. Pero ahora quiere ponerle límites. Desde ámbitos parlamentarios se estima, no obstante, que los ciudadanos que vayan a los tribunales con esa declaración de ilegitimidad podrían no sólo pedir la nulidad del juicio, sino solicitar una indemnización. Los plazos, en cualquier caso, son largos para ver cómo quedará finalmente la ley. Después del principio de acuerdo de PSOE e IU-ICV, ahora comenzará la tramitación parlamentaria.

El Gobierno sí quiere que haya indemnizaciones para algunos colectivos de represaliados, pero de forma controlada y claramente fijada en la norma, y no como una reclamación generalizada en los tribunales. Se trata de personas que quedaron fuera de anteriores entregas de indemnizaciones. La actual redacción de la ley mejora las pensiones para los huérfanos de represaliados, los presos políticos que sufrieron cárcel y aquéllos que fueron enviados a batallones disciplinarios, estos últimos no contemplados hasta ahora.La preocupación por la posibilidad de que la ley produzca una especie de reclamación masiva de afectados se ha extendido en el Grupo Socialista. Por eso se están buscando bien las palabras precisas. El pacto alcanzado por PSOE e IU-ICV, que elimina el tribunal de cinco notables ideado por el PSOE para rehabilitar la memoria de los represaliados y deja en manos del Ministerio de Justicia la "declaración de reparación y reconocimiento personal" para las víctimas creados, ya contiene una limitación evidente: "Esta declaración [que expide Justicia] no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de ni cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional". Por si había dudas.

Los ciudadanos que están a la espera de utilizar la ley, algunos ya muy ancianos, tendrán que esperar un tiempo. Quizá hasta avanzado el próximo otoño. Sólo entonces los afectados podrán reclamar. Pero antes hay que conseguir una mayoría para su aprobación. "La ley parte ya con una mayoría suficiente para ser aprobada", señala el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, uno de los muñidores del acuerdo. La ley saldrá adelante con los votos del PSOE, de IU-ICV y el PNV. Aunque los nacionalistas vascos no han dicho la última palabra, su portavoz, Josu Erkoreka, y el portavoz socialista han mantenido una reunión en la que las coincidencias son notables. También hay aproximación a Coalición Canaria y el Grupo Mixto. De momento, CiU mantiene discrepancias fundamentales. ERC también mantiene su rechazo al no cubrir ninguna de sus expectativas.

El PP considera que con esta ley el PSOE "entierra definitivamente" la transición democrática". De hecho, la cuestión de la memoria histórica es siempre uno de los ejes centrales de las decenas de mítines que el líder del PP, Mariano Rajoy, ofrece por toda España. "La gente no quiere hablar de Franco ni de la república, sino de educación y sanidad", señala sistemáticamente Rajoy entre grandes aplausos.

Lápidas de víctimas del régimen franquista, en el cementerio de San Rafael de Málaga.JULIÁN ROJAS

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Julián Casanova - Historiador. "Pasado traumático, justicia y verdad"

"Franco murió en la cama y tras su muerte, que ponía fin a una dictadura de cuarenta años levantada sobre las cenizas de una guerra civil, nadie habló de crear "comisiones de la verdad" ni se celebraron juicios contra los supuestos verdugos o responsables de los miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos.

No hay ninguna duda sobre la definición y existencia de esos crímenes políticos, investigados en los últimos años por decenas de historiadores. La transición democrática, no obstante, los perdonó y no se plantea ahora, más de tres décadas después, el castigo para los responsables y perpetradores de esos crímenes.

Lo que propone la Ley de Memoria Histórica es la compensación para las víctimas de la violencia de los militares sublevados contra la República y de la dictadura franquista que, al contrario de los que sufrieron la persecución en la zona republicana durante la Guerra Civil, tienen todavía pendiente el reconocimiento jurídico y político.

Va a resultar muy difícil, sin embargo, que esa condena de la ilegalidad franquista y ese reconocimiento a las víctimas no cause problemas, agrios debates y falsas revisiones del pasado. Mientras el Partido Popular no lo asuma y mientras los propagandistas de la derecha continúen transmitiendo las mentiras de los vencedores de la guerra, el franquismo seguirá ahí, pesando en nuestro presente".

Paloma Aguilar - Politóloga. "Un paso más hacia la reconciliación"

"Más allá de las importantes diferencias entre el tipo de represión ejercida por cada bando, en ambas retaguardias tuvieron lugar farsas jurídicas que la democracia debe condenar por igual. Ahora bien, de las decenas de miles de ejecuciones cometidas después de la guerra, sólo el bando vencedor es responsable, y el Parlamento debe encontrar la forma adecuada de mostrar enérgicamente su repulsa por aquellas atrocidades y resarcir a las víctimas y/o a sus familiares. Las posibilidades que se ofrecen son múltiples, y debe discutirse cuál es la que mejor combina la ética de la responsabilidad con la ética de la justicia, pero lo que no podemos hacer es dejar de pronunciarnos públicamente sobre una de las páginas más negras de nuestra historia reciente. El pacto entre IU y el PSOE supone, sin duda, un gran avance en esta dirección. Un proyecto de este tipo, lejos de suponer, como dice el PP, el fin del proceso de reconciliación nacional, es su culminación.

El régimen democrático no ha dejado de ampliar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, constatándose que las limitaciones que constriñeron el margen de maniobra de los políticos durante la transición han sido felizmente superadas. Algo falla en el PP si no es capaz de afirmar, con el resto de fuerzas políticas, que los juicios ideológicos del franquismo y la legislación en la que se basaron, fueron aberrantes".

José Álvarez Junco - Historiador. "Una reparación moral a las víctimas"

"De esta ley, lo primero que se debe decir es que ya era hora. Demasiada gente ha sufrido y durante demasiado tiempo, no sólo penas de cárcel o la terrible experiencia de ver morir violentamente a seres cercanos, sino el silencio posterior, la marginación, y la vergüenza familiar.

Supone un reconocimiento público y solemne de que eran personas honorables que no merecían lo que han sufrido. Tiene para ellos un gran valor simbólico y la sociedad española se lo debía. Otros países, como Suráfrica, han sido capaces de enfrentarse con un pasado turbio de este tipo, reconociendo las injusticias cometidas. Nuestros jueces están exigiendo que se haga justicia en Chile o Argentina. ¿Cómo vamos a negarnos a probar en España un reconocimiento incluso teórico, de este tipo?

El texto pactado declara la "ilegitimidad" de los órganos represores y de las sentencias emanadas de ellos: Tribunal de Responsabilidades Políticas, de Represión de la Masonería y el Comunismo y de Orden Público. Ilegitimidad quiere decir que aquellos actos e instituciones carecían de autoridad moral, estaban basados en principios e inspirados en valores inaceptables en un sistema democrático como el nuestro. El acuerdo consiste como tantas veces, en aplazar el problema, en dejar que sean los tribunales los que lo interpreten y decidan. Si la política es el arte de lo posible, ésta me parece una solución política razonable".