Hacienda llama a declarar a los autores de operaciones sospechosas con billetes de 500 euros

Un billete de 500 euros basta para abonar la pensión de una viuda en España. Ese medio de pago, grande y de color violáceo, es desconocido para la mayor parte de los ciudadanos. Pero existe una minoría que los maneja con soltura. La proliferación de esos billetes preocupa a Hacienda, que está llamando a declarar a los primeros sospechosos de haber empleado grandes cantidades con fines fraudulentos. Este departamento interrogará a las personas físicas o jurídicas (empresas, abogados, testaferros...) que durante los últimos meses hayan realizado operaciones con más de 1.000 billetes de 500 euros.

La mayoría de los posibles fraudes se localiza en Madrid y el arco mediterráneo

España concentra más de una cuarta parte de los billetes de 500 de la zona euro

Las citaciones suponen el último paso de un largo proceso en el que la Agencia Tributaria trata de desenmascarar a los protagonistas de estas operaciones para ver si son transparentes. Manejar grandes cantidades de billetes de alta denominación no es delito, pero sí puede ser un indicio de movimientos de dinero negro. Que un ciudadano retire del banco más de 1.000 billetes de 500 euros u ordene una transferencia por ese importe es cuando menos llamativo y merece la atención de Hacienda, aunque sea para certificar que todo está en orden. En la mesa de este departamento hay identificadas 2.100 operaciones de este tipo. El reto ahora es interrogar a los autores y preguntarles sus motivaciones.

La Agencia ha repartido entre sus centros territoriales los casos para que vayan citando a los sospechosos, según confirman en este organismo. Aunque aún no existen detalles sobre la investigación, se sospecha que la mayoría de las operaciones procede del sector de la construcción, uno de los principales focos de fraude en España. Las zonas donde más abundan los billetes de 500 euros son las de mayor desarrollo económico y, en particular, inmobiliario: Madrid y todo el arco mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía).

Cuando un contribuyente recibe una citación de la Agencia Tributaria dispone de 10 días para comparecer. Si se niega, se encuentra con una segunda notificación más una sanción, creciente a medida que se acumulan las negativas a declarar ante Hacienda. A la tercera, la Agencia intenta buscar vías alternativas para cobrar la deuda que el ciudadano haya podido contraer con el fisco (por ejemplo, negándole devoluciones tributarias a las que tuviera derecho hasta que no aclare las sospechas).

Los inspectores también tienen la posibilidad de personarse sin previo aviso en las dependencias de la empresa objeto de rastreo. Este procedimiento se sigue en los casos motivados por algo más que una presunción.

Hacienda dispone de un año a partir de la primera notificación para demostrar que el contribuyente ha defraudado y cerrar el proceso. En supuestos excepcionales, la investigación se puede alargar un año más, pero nunca es ilimitada. Las reglas del juego cambian cuando interviene la justicia. Si la Agencia aprecia delito en la conducta del investigado remite el asunto a los tribunales. Para que exista delito fiscal tienen que darse dos condiciones: que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros y que exista voluntad de defraudar. Así, por ejemplo, si un contribuyente cree que tiene derecho a unas deducciones por valor de 200.000 euros pero la Agencia se las deniega y le obliga a ingresar esa cantidad no existe delito, pues el contribuyente no tenía intención de obrar de forma espuria.

La identificación de los acaparadores de billetes de 500 ha sido laboriosa. Bancos y cajas han entregado ya prácticamente toda la información requerida por la Agencia Tributaria. El fisco pidió hace meses a las entidades financieras los nombres de aquellos clientes que hubieran realizado operaciones voluminosas con los billetes bin laden (denominados así porque todo el mundo habla de ellos, aunque nadie los ha visto). La mayoría ha facilitado los datos. Sólo algunas entidades "se han resistido", según fuentes cercanas a la investigación. En esos casos se han alegado razones diversas, nunca el rechazo a proporcionar los datos solicitados.

La Agencia Tributaria ha mantenido reuniones con la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros para intentar concienciar al sector de que era importante colaborar. Finalmente, las entidades han identificado por separado a los autores de esos movimientos sospechosos, sin coordinarse como colectivo.

Las primeras en facilitar información -"la más fiable", en palabras de un funcionario- fueron las empresas de seguridad. Cualquier movimiento de grandes cantidades de billetes pasa por las manos de estas compañías para evitar posibles robos. También aquí se produjeron algunas reticencias a cooperar, aunque finalmente se superaron. Las empresas de seguridad comunicaron a la Agencia adónde habían trasladado esas sumas de dinero (un mínimo de 500.000 euros cada vez). Las pistas sirvieron como base para solicitar más información a los bancos y arrinconar a los sospechosos. La Agencia se enfrenta ahora a la minuciosa tarea de desentrañar una por una las 2.100 operaciones descubiertas y decidir si son fraudulentas. En ese caso, caben dos opciones: o se sanciona por el procedimiento tributario ordinario o se remite a los tribunales.

Mientras los funcionarios de la Agencia siguen la pista al dinero, los billetes de 500 euros no dejan de multiplicarse. En febrero, su valor ha superado por primera vez los dos tercios (el 67%) de todo el dinero en circulación, según datos del Banco de España. El país alberga más de una cuarta parte (el 26%) de todos los que se mueven por la zona euro. La escalada sorprende incluso a los expertos. "En cualquier otro sector, cuando la Agencia interviene las prácticas fraudulentas se frenan. Choca que en este caso no sea así", explican fuentes de la Inspección.