Las asociaciones de afectados se felicitan por el acuerdo

Los colectivos organizados en defensa de los represaliados durante o después de la Guerra Civil se congratularon ayer del acuerdo entre el PSOE e Izquierda Unida. El pacto permite, sobre todo, desbloquear el proyecto de ley, que se había situado en "vía muerta", según descripción de Emilio Silva, presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica. A diferencia de los partidos políticos, éste y otros colectivos buscaban sobre todas las cosas el reconocimiento de que las "condenas políticas" del franquismo fueron injustas. Por su parte, en una primera aproximación, las asociaciones de jueces estimaron que la ley, con este acuerdo, tendrá "efectos morales" y no creen, en principio, que establezca bases para posibles repercusiones jurídicas.

Cuando en el mes de diciembre la ley encalló al estimar los grupos de izquierda que el Gobierno se situaba muy por debajo de las expectativas creadas y el PP las consideraba excesivas, las asociaciones lamentaron que esta oportunidad se perdiera.

Ésta fue la tesis defendida por Manuel Silva desde la presidencia de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica. Con ayudas voluntarias, esta asociación ha ido por toda España recuperando los cadáveres de asesinados por el franquismo. "El Estado tiene que garantizar un derecho que ahora solo se ejercita por un grupo de voluntarios", afirmó Emilio Silva, Éste confía en que a lo largo de la tramitación parlamentaria se sumen al acuerdo el resto de las fuerzas políticas y "especialmente el PP".

Este deseo no parece que pueda cumplirse porque los populares no comparten la idea misma del proyecto al margen de sus aspectos concretos. "Esta ley debería ser una oportunidad para alcanzar un consenso generalizado respecto de lo que fue la dictadura franquista", añadió.

También en una primera aproximación al acuerdo entre el PSOE e IU, la presidenta de la Asociación de Represaliados y Ex Presos del Franquismo, Angustias Martínez, se congratuló de que la ley empiece a caminar, pero lamentó que llegue "tan tarde" y que ya muchos de los represaliados no puedan verlo. "Ojalá la gente que todavía no ha recibido nada pueda obtener alguna indemnización", confió Martínez.

Desde la perspectiva jurídica, las distintas asociaciones apuntan a que el objetivo del Gobierno se habría cumplido toda vez que no tendrá consecuencias jurídicas pero sí morales y políticas. Desde Jueces para la Democracia, su portavoz, Jaime Tapia, señala que se hace un reconocimiento público de que las sentencias "no fueron justas y se violaron derechos fundamentales". Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallego, afirmó que la norma se orienta a "restaurar el honor" de aquellas personas que fueron sentenciados por motivos políticos e ideológicos.