PSOE e IU-ICV dan un vuelco total a la Ley de Memoria y declaran ilegítimos los juicios de Franco

Quedaban unas pocas horas para llegar al 44º aniversario del fusilamiento del comunista Julián Grimau, uno de los más polémicos asesinatos del franquismo perpetrado un 20 de abril de 1963, cuando el PSOE e IU-ICV cerraban en el Congreso un pacto que da un vuelco total al corazón del proyecto de Ley de Memoria Histórica, en trámite en el Congreso.

Los socialistas amplían el pacto a PNV, CC, BNG, y esperan contar con CiU. La ley camina así hacia su aprobación final

Llamazares y Herrera interpretan que la reforma podrá ser utilizada ante el Supremo en las revisiones de condenas

El PP concluye que con el acuerdo se ha puesto fin a la transición y califica a los socialistas de "hijos bien del franquismo"

Los socialistas y el Gobierno, que ha redactado el texto, dan un giro completo a lo que habían señalado hasta ahora y deciden eliminar el denostado tribunal de cinco notables elegido por el Congreso, que sólo ellos apoyaban. El Ejecutivo acepta la propuesta final de IU-ICV para que la ley declare la ilegitimidad de los tribunales y las sentencias franquistas.

Ese tribunal de cinco notables, que el PP podía bloquear porque requería una mayoría de 3/5, era precisamente la gran aportación de una ley promovida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y que ahora desaparece por decisión suya, ya que es ella quien ha controlado la nueva redacción.

La nulidad por ley queda descartada, porque, según el Gobierno y el PSOE, eso corresponde a los tribunales, pero la declaración de ilegitimidad es tan tajante que, según la interpretación de juristas consultados y a la que se suma IU-ICV, necesariamente será aportada como prueba válida en las reclamaciones de revisión de sentencias que periódicamente llegan al Tribunal Supremo.

Otros apoyos

Al pacto inicial alcanzado por el PSOE e IU-ICV, y que cerraron en el Congreso Diego López Garrido, portavoz del PSOE; Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Herrera, de ICV, se sumará presumiblemente Coalición Canaria, el BNG, el PNV, y CiU, aunque estos últimos quisieron aclarar que el acuerdo alcanzado con IU-ICV no les compromete y que ellos negociarán a partir de sus enmiendas parciales. ERC, que exige la nulidad, se queda fuera de ese acuerdo, al menos de momento. El PCE de Felipe Alcaraz, enfrentado a la dirección de IU, también se desmarcó de un pacto, que califica de "traición al espíritu del PCE".

El PP, que siempre se ha opuesto a la simple idea de promover una ley para rehabilitar a las víctimas de Franco, montó en cólera por la nueva redacción. "Han decidido enterrar definitivamente la transición democrática", aseguró Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario de ese partido.

Luego fue aún más lejos y sostuvo que el PSOE es el verdadero heredero del franquismo, una acusación que molesta mucho en el PP cuando se refiere a ellos. "Al final hacen igual que el franquismo: identificar a buenos y malos. Lo que pasa es que muchos de los socialistas importantes tienen ese complejo, ese papel de hijos bien del franquismo. Vivieron cómodamente, tranquilamente, disfrutaron de cargos, ellos y sus familias importantes, y ahora tienen que borrar esa etapa como sea. No es necesario, nadie se lo va a echar en cara", clamó Zaplana.

Ante este ataque frontal del PP, los socialistas quisieron dejar muy claro que las modificaciones pactadas con IU-ICV tienen valor político, pero no jurídico.

El debate sobre la nulidad de las sentencias franquistas, algo que siempre han exigido las organizaciones de derechos humanos internacionales porque es lo que se hizo con las leyes nazis en Alemania o fascistas en Italia, genera un gran malestar en el mundo jurídico.

Una parte importante de los juristas -aunque hay excepciones, como José Antonio Martín Pallín o Carlos Jiménez Villarejo, autor de la propuesta de IU-ICV- consideran que generaría inseguridad jurídica declarar nulas las sentencias franquistas.

En España no hubo una ruptura, al contrario que en otras dictaduras, sino una transición a la democracia. Por eso los tribunales actuales, y en especial la Sala de lo Militar del Supremo, a la que llegan todas las peticiones de revisión de condenas a muerte dictadas por consejos de guerra franquistas, las desestima sistemáticamente. Entienden que esas personas fueron juzgadas según las leyes vigentes en el franquismo, que no han sido anuladas aunque la Ley de Amnistía de 1977 y la Constitución las inutilizaron.

Los socialistas han negado durante meses la posibilidad de hacer declaración general de nulidad alguna, pero al final sí han aceptado una declaración general de ilegitimidad.

Pero para no enfrentarse con el mundo de la justicia, el Gobierno quiere dejar muy claro que la ley no tiene efectos jurídicos. Sin embargo, tanto Llamazares como Herrera, que estaban muy satisfechos con el acuerdo, insisten en la idea de que la ley podrá ser utilizada frente a los tribunales.

Lo cierto es que la norma es tajante al declarar la ilegitimidad "por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo" de todos los tribunales y consejos de guerra franquistas por motivos ideológicos o políticos y al declarar ilegítimas todas sus sentencias.

Para contrarrestar la idea lanzada por Zaplana de que se trata de una ley contra uno de los dos bandos, los socialistas insisten en que el primero de los apartados, que se refiere a la Guerra Civil, servirá también para condenar las tropelías cometidas en el bando republicano contra los simpatizantes de la causa nacional.

También aquí, la interpretación que han hecho los socialistas es distinta a la de IU-ICV. Llamazares y Herrera destacaron en su comparecencia pública que además de la ilegitimidad han conseguido eliminar algunas referencias a los dos bandos que los situaban al mismo nivel. Además, destacaron que han logrado eliminar la prohibición de la ley para conocer los nombres de quienes dictaron sentencias injustas durante el franquismo. IU-ICV también logra que el preámbulo haga una condena expresa del franquismo. Según Llamazares y Herrera, en vez de una ley de punto final, como la definió Amnistía Internacional, ahora es una norma más parecida a lo que han hecho otros países, especialmente Alemania en 1998.

Vibrante debate

Si no modificaba radicalmente, como ha hecho, el contenido de la ley, el Gobierno corría el riesgo de no contar con los apoyos suficientes para aprobarla. En el debate de totalidad, realizado en diciembre de 2006, tanto IU-ICV como ERC habían presentado sendas enmiendas a la totalidad. PNV, CiU y el Grupo Mixto, no lo hicieron, pero en los discursos coincidieron en dejar solos al PSOE y el Gobierno en su idea del tribunal de cinco notables.

El largo e intenso debate, vibrante en ocasiones al recorrer la trágica historia española del siglo XX, estuvo involuntariamente protagonizado por el abuelo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, militar republicano fusilado por los nacionales. Zapatero reprochó entonces a Herrera, cuando pasó a su lado, el rechazo de su grupo. "Es injusto, estamos haciendo un gran esfuerzo", le dijo. Herrera le pidió que fuera más lejos. Ayer, el Gobierno le hizo caso, y el proyecto de ley camina así, tras tres años de tortuoso recorrido, hacia su aprobación final.