Acuerdo de memoria

De acuerdo con el texto pactado ayer entre el PSOE e Izquierda Unida, la ley llamada "de memoria histórica" declara ilegítimos a los tribunales franquistas e injustas las sentencias que dictaron en todas las causas abiertas por motivos políticos o ideológicos. Con ello se desbloquea la tramitación de esa norma, que había encallado ante la exigencia por parte de IU de declaración automática de nulidad de todas las sentencias dictadas por los consejos de guerra y tribunales especiales del franquismo. Tal anulación era considerada jurídicamente inviable por los socialistas. La nueva fórmula abre la vía para reclamaciones personales de anulación de sentencias concretas por parte de los afectados.

La situación era absurda. Un proyecto legal nacido de una iniciativa de IU, apoyada por ERC y asumida por los socialistas, para reforzar los lazos con sus aliados, provocaba la oposición frontal de esos mismos aliados, e incluso la amenaza de movilizaciones si el texto no era modificado. Algo así, en vísperas de unas elecciones locales, marco preferente de las alianzas de las dos principales fuerzas de la izquierda, era un lastre para ambas. Cabe deducir, por tanto, que el interés compartido ha propiciado que IU dejase de considerar "irrenunciable" su propuesta respecto a la anulación de las sentencias, y que el PSOE se olvidase de su negativa inicial a modificar ni una coma de su proyecto.

Éste incluía un complicado mecanismo de rehabilitación de los condenados por los tribunales franquistas, cuya puesta en marcha requería en la práctica el acuerdo del PP. Era un intento de asociar al principal partido de la oposición, de acuerdo con la intención de "contribuir a cerrar heridas todavía abiertas entre españoles", recogida en la exposición de motivos del proyecto.

Pero la desmesura del PP, que ayer volvió a contraponer demagógicamente la ley a la "voluntad de reconciliación" de los españoles, y a considerar que el acuerdo PSOE-IU "entierra definitivamente la transición democrática", ha favorecido, como otras veces, el acuerdo entre IU y el PSOE.

Lo ha hecho posible una enmienda de IU no muy lejana a planteamientos barajados en su momento por el anterior portavoz socialista en la ponencia, Ramón Jáuregui, sustituido luego por el diputado Torres Mora. De todas formas, el PCE, principal sector organizado dentro de la coalición de Llamazares, mantiene su rechazo por considerar que la fórmula supone aceptar "la inmunidad del franquismo". Y se mantiene al margen ERC, que entre otras ocurrencias plantea que el Rey pida perdón "solemnemente en nombre del Estado español" por las consecuencias del levantamiento franquista. Los otros nacionalistas, PNV y CiU, mantienen sus reticencias, a la espera de que se acepten sus enmiendas particulares.

Ya se ve, por tanto, que la memoria histórica sigue provocando división entre los partidos e incluso dentro de ellos. Y aunque sea inaceptable la pretensión del PP de imponer su veto, el asunto invita a pensar si no fue un error de Zapatero poner en primer plano de su programa proyectos que por su naturaleza requerían un consenso demasiado improbable.