Medio Ambiente quiere crear una planta de tratamiento de suelos contaminados

El Departamento de Medio Ambiente quiere que Euskadi disponga de una planta propia de tratamiento de suelos contaminados y evitar así el traslado de materiales tóxicos a otras comunidades autónomas o al extranjero. La creación de esta instalación se contempla en el borrador del nuevo plan de suelos contaminados, en el que se apuesta porque sea promovida fundamentalmente por la iniciativa privada. Euskadi tenía a principios de los 90 casi 7.900 hectáreas de suelos potencialmente contaminados, de las que se han recuperado 229, menos del 3% del total.

El Gobierno inició en 1994 sus actuaciones para proteger y recuperar el suelo de la comunidad autónoma, que durante buena parte del siglo pasado sufrió las consecuencias de una actividad industrial incontrolada. Cuatro años más tarde, los departamentos de Medio Ambiente y de Sanidad, la Universidad del País Vasco (UPV), centros tecnológicos y consultoras ambientales elaboraron el primer inventario de suelos potencialmente contaminados. Ese informe localizó 5.800 parcelas, que ocupaban 7.000 hectáreas (el 1% de la comunidad autónoma) dañadas, fundamentalmente por la industria de transformación de metales y, en menor medida, el reciclaje de chatarra, gasolineras, fábricas químicas y madereras. Otro estudio posterior elevó las áreas afectadas a 8.657, con una superficie global de 7.897 hectáreas. Las zonas más degradadas se localizan donde ha habido más actividad industrial, como Bilbao, la Margen Izquierda y el Alto Deba.

En la década de los 90 se inició la regeneración de zonas afectadas aunque sin un plan global: se adoptaron recuperaciones puntuales en la medida en que cada ayuntamiento requería una actuación urbanística. El programa sistemático se inició en 2001 y hasta 2005 se han recuperado 106 emplazamientos (33 de titularidad pública) que ocupan una superficie de 229 hectáreas.

Lenta recuperación

Pero la regeneración es muy lenta y en 2005, ejercicio del que se disponen los últimos datos, se limitó a 11 actuaciones, con 2,5 hectáreas. Expertos medioambientales han resaltado que, con el ritmo actual, se requerirían 180 años para finalizar las labores de recuperación y el problema pasaría a las siguientes siete generaciones. El principal inconveniente es la alta inversión, que Medio Ambiente calculó hace unos años en 970 millones de euros para la descontaminación total. Ahora se destinan a esta labor cerca de cuatro millones al año.

Medio Ambiente considera la recuperación de terrenos afectados como uno de sus ejes estratégicos de actuación y ha elaborado un borrador del nuevo plan de suelos contaminados, que tendrá vigencia entre 2007 y 2011. El documento, que ahora se encuentra en la fase interna de tramitación en el Gobierno y que se prolongará hasta el principio del verano, plantea como novedad la construcción de una infraestructura que gestione el tratamiento de las tierras contaminadas. Con ella se quiere acabar con la situación actual, que obliga a trasladar las tierras que no se pueden recuperar a plantas de tratamiento en otras comunidades o en el extranjero. Esto encarece los costes de los gestores y provoca problemas medioambientales, como los derivados de transporte de los materiales.

Por todo ello, Medio Ambiente considera necesario crear en Euskadi una planta de este tipo, aunque defiende que sea acometida por las empresas del sector. "La Administración lo pone encima de la mesa y entiende que es el sector privado el que tiene el papel de desarrollar buena parte de esta infraestructura", apuntado fuentes de la consejería.

Considera Medio Ambiente que una planta de tratamiento de suelos contaminados cumpliría con los principios de autosuficiencia y proximidad, consagrados en sus políticas de residuos y suelos. "Hay que tratar de gestionar tus suelos contaminados lo más cerca posible". Posteriormente habría que definir el tipo de planta, ya que hay diversas tecnologías, como el calentamiento de las tierras para sacar el agua y la parte recuperable.

Desde 2005, el País Vasco cuenta con la ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, que obliga a los responsables de los terrenos tóxicos a pagar su limpieza. La normativa prevé multas de 1,2 millones de euros y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminación.