Bodas, bautizos y demoliciones

Antes de que finalice el mes de abril, el Ayuntamiento de Tarragona deberá comenzar el derribo del emblemático restaurante Fortí de la Reina. Así lo estipula un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el consistorio ha recurrido, pero que ha puesto en peligro la celebración de centenares de bodas, bautizos, comuniones y celebraciones en general que el local tiene reservados. Primavera y verano, la temporada alta de los enlaces matrimoniales, comenzará con la duda de si pueden llevarse a cabo las 140 reservas que acumula el restaurante hasta octubre. "Desde noviembre les explicamos la situación a todos los clientes, y la mayoría se asustan y se van", explican fuentes del Fortí de la Reina.

Los tribunales avisan de que impondrán una multa si el alcalde no cumple la sentencia

En noviembre pasado el Tribunal Constitucional ratificó el derribo de este restaurante, al estar construido en una zona verde, encima de un acantilado en la playa del Miracle de Tarragona. Sin embargo, el proceso judicial que contra el restaurante emprendió una particular tarraconense ha sido tan largo que son muchos los clientes que han seguido reservando mesa. "Es como la historia de Pedro y el lobo", comentan desde el Fortí.

Y no lo dicen por decir. El caso arrancó con una denuncia en 1990, y desde entonces el restaurante ha ocupado innumerables titulares de prensa. Y más en 1996, cuando el TSJC dio la razón a la demandante y ordenó el derribo de este antiguo fortín militar que usaron los partidarios del Archiduque de Austria en la Guerra de Sucesión (1702-1714) para defender Tarragona en una contienda que terminó con la victoria del Borbón Felipe V y la anulación de todas las instituciones autonómicas catalanas con el Decreto de Nueva Planta.

El restaurante tiene reservas hasta 2008. "Los que tengan reservadas bodas para ese año seguramente podrán cambiar de sitio, pero sin duda los de 2007 no encontrarán lugar", indica la dirección del restaurante. Estos compromisos en peligro son precisamente el principal argumento del recurso que ha presentado el Ayuntamiento de Tarragona contra el último auto del TSJC, de 27 de marzo, que por primera vez a lo largo de esta odisea judicial ha fijado plazos para el cumplimiento de la sentencia.

Si el consistorio no cumple, el TSJC impondrá una multa de 1.500 euros al alcalde, Joan Miquel Nadal (CiU), y otras sanciones de 1.500 euros por cada 20 días que transcurran hasta el final de unas obras de derribo que tampoco serán sencillas. Los muros perimetrales del restaurante son en parte los originales del siglo XVIII, declarados bien cultural protegido. Por tanto, el derribo deberá respetar estos elementos y ningún técnico, ni municipal ni de la Generalitat, se ha desplazado in situ al Fortí de la Reina para elaborar un informe.

Al margen de las bodas y las ruinas, el derribo del restaurante pone en peligro al menos 30 puestos de trabajo directo. Se trata de los cocineros, camareros, personal de administración y limpieza, que desde el pasado mes de noviembre viven en una permanente situación de preocupación. "Aún tenemos optimismo", asegura la dirección del restaurante.

La única esperanza que les queda, ante un derribo que ya ven inevitable, es dilatar al máximo la ejecución de la sentencia para lo cual los propietarios disponen de la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Tarragona y del consenso de todos los grupos políticos.