Un auténtico problema
Por fin las discusiones preelectorales municipales plantean una cuestión esencial, de alcance, en la que están implicados un ministerio (Fomento), un ayuntamiento (Cádiz), y dos grandes partidos, el PSOE y el PP, que debaten con fervor el nombre de un puente. Lo más espiritual del caso es que el puente no existe, no ha empezado a construirse, ni siquiera se ha firmado el contrato con la constructora que lo levantará. Pero altas autoridades han presentado o inaugurado maquetas, el Ayuntamiento de Cádiz ha extendido pancartas publicitarias, y ahora PSOE y PP celebran un debate imprescindible, encarnizado, a propósito de cómo se llamará el nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz. El PSOE quiere llamarlo Puente de la Pepa; el PP, Puente de la Constitución de 1812.
Aunque las diferencias parecen insalvables, dada la radical disparidad de criterios entre populares y socialistas, PP y PSOE están absolutamente de acuerdo, si pensamos que la Pepa y la Constitución de 1812 son exactamente lo mismo: la Constitución de 1812. Socialistas y populares están planteando, en la práctica, un problema tradicional de la filosofía del lenguaje: ¿pueden dos expresiones distintas significar exactamente igual? La Pepa es la Constitución promulgada en Cádiz el día de San José de 1812, y Pepa y Constitución de 1812 parecen expresiones equivalentes, idénticas, sinónimas. Pero para decir que dos frases son sinónimas, los hablantes deberían estar dispuestos a reemplazar una por otra (como ocurre, más o menos, con "anduvimos tres kilómetros" y "caminamos 3.000 metros"), y ni PP ni PSOE se muestran dispuestos a intercambiar la Pepa por la Constitución de 1812, o al revés.
Y, si nos fijamos, las dos expresiones hacen referencia a lo mismo, pero son diferentes. Decir "la Constitución de 1812 es llamada Constitución de 1812" resulta una repetición innecesaria, una trivialidad que no nos hace saber nada nuevo. Decir "la Constitución de 1812 es llamada la Pepa" añade algo, quizá nos enseña algo, puesto que hay quien no sabe qué es la Pepa. Así que existe alguna diferencia entre las dos expresiones. Las palabras contienen asociaciones sentimentales, y la Pepa parece una expresión más de masas, más del pueblo, por decirlo así, aunque el pueblo, o lo que así suele llamarse, poco intervino en las Cortes de Cádiz, y contó poco en aquel glorioso intento de liquidar el feudalismo y cimentar económica y jurídicamente un nuevo Estado liberal.
Mientras el PSOE gaditano y la ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez, quieren un puente con nombre que transmita las emociones que los socialistas sienten al pensar en la Constitución de 1812 o en la Pepa, el Ayuntamiento y su alcaldesa, Teófila Martínez, del PP, defienden la etiqueta más neutra y general de Puente de la Constitución de 1812. Los argumentos de unos y otros también difieren, según informaba el viernes en estas páginas Pedro Espinosa: la alcaldesa apela a un acuerdo del Consistorio gaditano sobre la denominación. El concejal socialista Juan Ortuño ofrece una razón rotunda, muy de nuestro tiempo o muy de toda la vida: el puente se llama la Pepa, tal como eligió el Ministerio de Fomento, "que es quien paga la obra". A esto podríamos llamarle fundamentación económica de la legitimidad y la autoridad.
El caso es que el puente todavía no se llama de ninguna manera porque ni existe, ni está en construcción. "El puente que nos une" es el lema publicitario del Ayuntamiento de Cádiz, y es verdad que el puente de Cádiz ha reunido al PP y al PSOE en un debate filosófico centenario sobre el significado de las expresiones lingüísticas, es decir, los ha unido tajantemente separados, los del PP con los del PP, los del PSOE con los del PSOE, unos contra otros, todos peleando para decir lo mismo de distinta forma. Lo penoso es que, una vez que se disputa por un mero y banal asunto de palabras, ya cuesta salir de la trifulca, porque hay que justificar las energías gastadas, y empeñamos más energías en seguir discutiendo tonterías con la pasión con que se enfrentaron liberales y absolutistas en las Cortes de Cádiz de 1812. (Entre paréntesis: ¿prohibirá la legislación alguna vez los eslóganes de propaganda partidaria encubierta en la publicidad institucional?)
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