La Comisión Europea será parte en el caso de corrupción

La Comisión Europea está preparando la demanda para presentarse como parte civil en el caso de corrupción en la adjudicación de edificios y sistemas de seguridad de edificios destinados a sedes de las relaciones exteriores de la UE, según manifestó ayer el portavoz del Ejecutivo comunitario Johannes Laitenberger. Las investigaciones se refieren a las representaciones de la Unión en India y Albania. Bruselas prepara esta demanda como acusación particular, para recuperar los posibles daños económicos que haya podido ocasionar el fraude al presupuesto de la UE.

El Ejecutivo comunitario prepara también la apertura de un expediente disciplinario contra el funcionario Giancarlo Ciotti de la Dirección General de Relaciones Exteriores, que fue detenido el pasado miércoles, junto al empresario inmobiliario Angelo Troiano y el también ciudadano italiano Sergio Tricarico, asistente del eurodiputado Gianni Rivera, por orden de la juez de instrucción Berta Bernardo-Méndez.

La Sala del Consejo del Tribunal, el organismo que revisa la decisión del juez de instrucción, decidirá sobre la situación jurídica de los encarcelados preventivamente el próximo 11 de abril. El retraso en la toma de decisión de la Sala del Consejo, prevista para ayer, se ha producido a petición de la defensa de los detenidos, que solicitó más tiempo por la complejidad y volumen del dossier, según indicó ayer una fuente judicial.

Denuncia de un empresario

Los hechos fueron conocidos por la Comisión en 2004 a raíz de la denuncia de un empresario finlandés, que alegó que se le había exigido el pago por adelantado de 345.000 euros para la participación en un concurso para la adjudicación de un edificio. Tras un examen preliminar, la Comisión apartó al funcionario de su puesto y trasladó el caso a la OLAF, la Oficina Antifraude de la UE, un organismo independiente de la Comisión. La OLAF prosiguió la investigación y paralelamente comunicó los hechos a la fiscalía de Bruselas el 11 de junio de 2004, que pocos días después abrió una investigación sobre los hechos. La OLAF recomendó que el funcionario continuara en su puesto para facilitar la investigación, según fuentes comunitarias.

Casi tres años después, el pasado miércoles, la juez instructora del caso ordenó una espectacular redada en la que participaron más de 150 policías, que efectuaron registros en más de 30 despachos en Bélgica, Italia, Luxemburgo y Francia y culminaron con la detención de los tres italianos. Las investigaciones podrían acarrear más detenciones, extremo, sin embargo, que no fue confirmado por las fuentes judiciales.

El supuesto fraude podría haber consistido en el suministro de información sobre las condiciones de las adjudicaciones previstas, lo que permitiría a las empresas beneficiadas ajustar mejor sus ofertas. La cuantía del fraude, que se desarrolló durante más de 10 años, podría afectar a operaciones de varias decenas de millones de euros.