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Guerra abierta entre Bush y el Congreso por Irak y el escándalo de los fiscales

Un ex alto cargo de Justicia acusa a Gonzales de haber influido en los despidos políticos

En una jornada en la que las diferencias entre el Capitolio y la Casa Blanca alcanzaron la categoría de tormenta política en Washington, George W. Bush se vio ayer acosado por los congresistas en dos asuntos centrales de su agenda: el Senado votó a favor de la retirada de Irak el año próximo, y un ex alto funcionario del Departamento de Justicia acusó ante una comisión parlamentaria a su antiguo jefe, Albert Gonzales, de haber influido personalmente en el despido de ocho fiscales rebeldes. Cualquiera de los dos reveses es lo suficientemente grave como para poner contra las cuerdas a un presidente.

La acumulación de ambos reveses crea un complejo escenario político y augura un panorama cargado de tensiones que sólo resolverán las elecciones de noviembre de 2008.

Los votantes serán, así, los jueces últimos de lo que, como se vio ayer, promete ser una lucha sin cuartel. A las diez en punto, hora de la capital norteamericana, Kyle Sampson, que fue jefe de Gabinete del fiscal general, empezaba una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado para confesar que Gonzales había participado en reuniones en las que se decidió el despido de los fiscales que se resistían a favorecer políticamente al Gobierno.

Gonzales había dicho lo contrario hace apenas dos semanas en una conferencia de prensa. "Yo no creo que las declaraciones del fiscal general, en las que afirmó que no había participado en ninguna reunión sobre el despido de los fiscales, sean correctas", declaró ayer Sampson, con lo que deja a Gonzales al pie de los caballos.

A las 10.36, los senadores de esa comisión tuvieron que interrumpir la sesión para participar en el voto del pleno en el que, por 52 contra 47, fue aprobada la ley por la que se aprueban más de 100.000 millones de dólares [75.000 millones de euros] para las guerras de Irak y Afganistán y se establece un plazo de 120 días para el comienzo de la retirada y una fecha límite para su conclusión, el 31 de marzo de 2008.

"Hemos sido la voz del pueblo americano que nos pidió hablar en su nombre. Tiene que haber un cambio de dirección en la guerra de Irak, en la guerra civil de Irak", declaró después de la votación el jefe de la mayoría demócrata, Harry Reid. "Esto va a envalentonar al enemigo y no va a ayudar a nuestras tropas de ningún modo", manifestó el senador republicano Richard Shelby.

Apenas segundos antes del inicio de esa votación, a las 10.28, el presidente Bush, que ha prometido vetar esa ley u otra similar aprobada la pasada semana por la Cámara de Representantes, comparecía en la Casa Blanca rodeado de congresistas republicanos para mostrar su resolución a presentar batalla hasta donde sea necesario. "Estamos unidos", dijo Bush, "para decir alto y claro que cuando tenemos a nuestras tropas en situación de riesgo, esperamos que sean completamente abastecidas; que cuando tenemos a oficiales y jefes tomando decisiones sobre el terreno, no sean maniatados; y que esperamos que el Congreso sea inteligente en la manera en que gasta el dinero de los ciudadanos".

Dos horas más tarde, a las 12.35, se completó una jornada de dramáticas puestas en escena con la llegada del propio presidente al Capitolio para participar en un acto, precisamente de carácter castrense, aunque tan conciliador como el homenaje a la primera unidad de combate exclusivamente integrada por negros. Fue una oportunidad de observar los rostros serios de Bush y de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, frente a frente.

Bush, en efecto, parece haber decidido dar la batalla en los dos frentes que el Congreso le ha presentado. Por un lado, ha conseguido hasta ahora mantener en su puesto a Albert Gonzales, amigo personal desde sus años en Tejas, y se ha negado a permitir que sus más estrechos colaboradores, entre ellos Karl Rove, comparezcan bajo juramento en el Congreso para testificar sobre la implicación de la Casa Blanca en el caso de los fiscales.

Por otro, ha asegurado que bajo ninguna circunstancia -ni siquiera condicionándolo a los fondos para la guerra- aceptará que se marque una fecha para la retirada de Irak. "Si los fondos no son aprobados, el pueblo americano sabrá quién es responsable", dijo Bush el miércoles.

En ambos asuntos, el tiempo corre deprisa. En el caso de Irak quedan todavía algunas etapas legislativas por cumplir y el Pentágono dice que el dinero para Irak se acaba el 15 de abril. En el caso de los fiscales, el Departamento de Justicia se encuentra prácticamente bloqueado. Pero en ambos asuntos también, Bush cuenta con ganar lo que algunos de sus antecesores consiguieron en similares circunstancias: las simpatías de una opinión pública propicia a identificarse con un presidente acorralado por el Congreso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de marzo de 2007