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APUNTES

Socialistas y EU pararán la facultad de Medicina católica si ganan en mayo

Si se fuerza la ley, el centro de García-Gasco podrá empezar a dar clases en octubre

Ignacio Zafra

El PSPV y Esquerra Unida pararán la facultad de Medicina que el Consell ha concedido a la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, propiedad del Arzobispado, "se encuentre en el punto en el que se encuentre", si alcanzan el Gobierno de la Generalitat en las elecciones de mayo. Así lo aseguraron ayer a este periódico el secretario de Educación socialista, Miguel Soler, y la coordinadora general de EU, Glòria Marcos.

La universidad privada y la Generalitat disponen de tres fórmulas para tratar de sortear la suspensión de nuevas carreras impuesta por el Gobierno
El equipo de Nieto ya ha sugerido que el Decreto 55/2005 sólo afecta a las públicas para evitar que malgasten dinero hasta que acabe la reforma
Abra o no la Católica el plazo de matrícula, Miguel Soler y Glòria Marcos afirman que la frenarán y que apostarán, en todo caso, por Castellón
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Una universidad al servicio del arzobispo

La referencia a que no importa en qué estado se encuentre resulta importante, porque es más que probable que sea uno muy avanzado. Forzando la ley -y hasta ahora el proceso de concesión de la carrera a la universidad privada va precisamente de eso- la Católica podría poner en marcha la nueva titulación sin esperar al curso 2008-2009: las clases podrían empezar en octubre. Se trata de una impresión creciente en el mundo académico dentro y fuera de las fronteras valencianas.

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Esa medida de fuerza contravendría la legislación estatal, la autonómica y las declaraciones sucesivas del consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto. Las dos últimas, sin embargo, ya fueron transgredidas por el Consell hace siete días sin el menor rubor. Saltarse las normas del Gobierno plantearía más problemas. Pero ninguno insuperable si la determinación es suficiente.

El Real Decreto 55/2005 de 21 de enero estableció que el Consejo de Coordinación Universitaria -el órgano máximo del sistema académico español, presidido por la ministra de Educación- no homologaría "planes de estudios conducentes a la obtención de nuevas titulaciones, ni el Gobierno homologará los títulos oficiales universitarios correspondientes" hasta que no acabara la reforma universitaria. En principio, eso impediría a la Católica implantar la carrera antes del año 2008.

Los caminos académicos, sin embargo, pueden ser inescrutables. El departamento de Nieto sugirió hace días que el sentido de aquel decreto era evitar malgastar dinero público: que no se implantasen nuevas carreras que tuvieran que ser reformadas a fondo más tarde. Esa curiosa interpretación, que nadie hasta entonces había planteado, permitiría a la Católica, una universidad privada, homologar los planes de estudio de Medicina. Es probable, sin embargo, debido al escándalo que ello generaría, que el Consejo de Coordinación Universitaria se negara a homologar plan alguno, acogiéndose a la vigencia del decreto 55/2005. No hay problema, indican numerosas fuentes: hay precedentes de carreras que empezaron a funcionar antes de lograr la homologación.

El resto de universidades valencianas, el ministerio de Educación, la subdelegación del Gobierno -que tiene competencias en la materia- o cualquier otro interesado podría recurrirlo en sede judicial. Dentro de cierto tiempo una sentencia les daría probablemente la razón. Y la situación de hecho, con estudiantes haciendo exámenes y profesores corrigiéndolos, acabaría probablemente imponiéndose.

Cabe la posibilidad de que el Consell de Camps y la universidad del arzobispo García-Gasco lleguen a la conclusión de que esa vía es demasiado radical. Más tratándose de una carrera como Medicina, sujeta a directivas europeas, informes del Ministerio de Sanidad y cupos estatales. No hay problema; aún quedaría una bala en la recámara, el triple salto mortal jurídico: implantar un título propio (no oficial), llamado Salud y Medicina o Ciencias Médicas o Estudios Sanitarios... Que siguiera a rajatabla las directrices españolas y europeas y fuera, en fin, un calco de la carrera normal.

Hacia finales de año, una vez que la reforma universitaria hubiera concluido y el Gobierno hubiera abierto la veda para presentar los nuevos títulos oficiales (llamados de Grado) podría presentar el suyo. Y conseguir luego que la Generalitat convalidara el título propio por el oficial. Hasta ahí, calculan distintas fuentes, podría llegar la determinación del presidente Camps.

Dé o no la universidad el paso de abrir el proceso de matrícula lo que está claro es que el Consell ha pisado el acelerador para hacer la facultad lo más irreversible posible gane o pierda las elecciones. Y que jugará con la presión que supondrán los más de mil alumnos que se quedarán en lista de espera sólo en la Universitat de València.

Soler admite que sería más fácil frenarla si ningún estudiante se hubiera creado expectativas fundadas. Pero, insiste, en caso de gobernar, que su política consistirá en sentar a los rectores; consensuar una racionalización del sistema universitario -que evitara la duplicación de carreras en la misma zona-; tratar de ampliar los cupos de Medicina en Valencia y Alicante, y, a partir de ese momento, estudiar la idoneidad de una nueva carrera sanitaria. Analizando, en primer lugar, la petición de la Jaume I de Castellón. Por una cuestión territorial (Castellón es la única provincia de la costa mediterránea que no tiene Medicina) y porque tratándose de un centro público el coste para los alumnos sería muy inferior a los 60.000 euros que costaría como mínimo seguirla en la Católica. "Las prisas de Camps", considera Soler, "vuelven a demostrar el miedo que tiene a perder las elecciones".

Glòria Marcos, que ayer defendió en Castellón el derecho de la Jaume I a contar con una facultad de Ciencias de la Salud, cree que Camps se desliza con Medicina hacia "la desobediencia legal". Y que si la Católica abre la matrícula, su partido informará a las familias de la "inseguridad jurídica" que estarán enfrentando. "No vamos a dejar que se juegue a la política de los hechos consumados", añade la candidata a la Generalitat.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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