La UE expedienta a España por no aplicar el canon bibliotecario

Hay coincidencias que parecen todo menos casualidades. Ocurrió ayer con el polémico canon por préstamo bibliotecario, que todos los países europeos deben imponer para compensar a los autores de libros, discos y otras creaciones. Ayer, el mismo día en que la Comisión de Cultura del Gobierno lo integraba definitivamente en el proyecto de la Ley del Libro, a razón de 20 céntimos de euro por ejemplar, la Comisión Europea abría un procedimiento de infracción a España. Precisamente, por no haber cumplido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le condenó en octubre pasado por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar este gravamen. España tiene ahora dos meses de plazo para presentar sus alegaciones. Si para entonces no se ha completado el procedimiento, el Ejecutivo comunitario podría pedir al tribunal que ejecute su sentencia e imponga una multa cifrada en unos 300.000 euros diarios.

"El procedimiento se abrió hace tiempo. Aquí no tenemos constancia de ninguno nuevo", confirmó Concepción Becerra, secretaria técnica del Ministerio de Cultura. "Hemos enviado un informe y estamos en fase de convencer de que no ejecuten la sentencia", precisamente alegando su inclusión en el proyecto de la Ley del Libro.

Los gobiernos españoles de la última década se han resistido todo lo que han podido a transponer correctamente la directiva de 1992 que obligaba a instaurar este canon. Fundamentalmente por considerar que España no era una sociedad lectora consolidada. Lo reconoció ayer el socialista Mario Bedera, en la Comisión de Cultura del Congreso. "Pero Europa ha dicho hasta aquí hemos llegado". Y se ha tramitado a toda prisa.

Ley consensuada

El canon, que no afectará a bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes, gravará provisionalmente con 20 céntimos -un reglamento deberá fijar la cuantía definitiva en un año- cada ejemplar comprado para una biblioteca, lo que supondrá 1.400.000 euros de ingresos por este concepto. Este dinero, que saldrá previsiblemente de las arcas de las administraciones central y autonómica, se la repartirán, a través de una entidad de gestión, en un 70% autores y en un 30% editores.

Este impuesto, que salió adelante sin el apoyo de BNG y ERC, se ha incluido

en el proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, una norma muy consensuada con el sector y por los partidos -el 57% de las enmiendas se ha incorporado, entre ellas las de los nacionalistas para la "no invasión de competencias"- que sustituirá a la de 1975. El texto, que se debatirá el próximo jueves en pleno, regula el sector en su dimensión cultural y económica. Por una parte, establece, salvo excepciones, el precio fijo para los libros; los de texto se regirán por un régimen de libertad frente al anterior de los descuentos. Crea también el observatorio de la lectura y promete mayor apoyo a la industria y los creadores, entre otras cosas.