Un tribunal da la incapacidad permanente a una mujer con secuelas por acoso sexual

"Es impensable que la trabajadora pueda desempeñar con normalidad algún tipo de trabajo". "Está angustiada. No puede salir de casa si no va acompañada de otra persona debido al intenso miedo que soporta. Precisa la ayuda de otras personas en aspectos básicos de la vida cotidiana". Así de contundente se manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha concedido a una mujer de 29 años la incapacidad permanente absoluta por las secuelas psicológicas que sufre tras haber sido acosada sexualmente por su jefe, dueño de una clínica veterinaria, hace cuatro años. El fallo, firme, confirma uno anterior de un juzgado de lo social de Santander.

La sentencia, de 23 de noviembre de 2006, ha tenido en cuenta varios informes médicos que indican que la joven sufre estrés postraumático y una depresión crónica y severa que la incapacita para todo tipo de labor. No puede trabajar de auxiliar de clínica veterinaria, como antes, ni en otra cosa. Ni los médicos creen que pueda hacerlo algún día. Lleva cuatro años en tratamiento psicológico "sin que se haya podido apreciar mejoría".

A los ojos de los tribunales laborales, esta mujer fue acosada por su jefe durante años. Sin embargo, la jurisdicción penal decidió que él era inocente de los delitos de abusos y acoso sexual que se le imputaban. El juzgado de lo penal número 3 de Santander consideró, en diciembre de 2005, que existían "elementos objetivos" que ponían en duda la realidad de los hechos que le atribuía la empleada. La Audiencia de Cantabria confirmó la absolución. Así que la trabajadora tiene la incapacidad laboral permanente por una serie de hechos que, según los jueces penales, jamás se produjeron.

Orden independiente

El Tribunal Superior de Justicia cántabro señala que cada orden jurisdiccional es independiente, y que ellos no están vinculados por las sentencias penales. Para estos magistrados, es prueba del acoso sufrido "la existencia misma de la enfermedad, causante de una minusvalía valorada en el 66% por la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, respecto de la cual sucesivos y diversos informes periciales no dudan en atribuirla al ambiente laboral y hostil y degradante sufrido por la trabajadora".

La magistrada que juzgó el caso en la vía penal indicó que, si fueran ciertos los hechos relatados por la mujer, ésta habría sufrido una serie de vejaciones que podrían calificarse de "torturas físicas verdaderamente refinadas, verdaderos actos de maltrato físico y psicológico que parecen propios de un relato de terror". Pero no consideró que hubiera pruebas suficientes para condenar.

La secretaria de la Mujer de CC OO en Cantabria, Yolanda Castillo, asegura que el fallo abre una puerta a la esperanza a más de un millón de mujeres españolas que sufren acoso, según el Instituto de la Mujer.