La juez concluye la instrucción del caso de las tierras de Abandoibarra
Pide al Instituto de Toxicología que confirme si hubo riesgo para la salud humana
La juez que investiga el traslado de tierras tóxicas desde el área de Abandoibarra, en Bilbao, a dos vertederos de Zamudio ha concluido la instrucción de la causa con la petición al Instituto Nacional de Toxicología de que elabore un informe sobre si existe un "grave riesgo para la salud de las personas" por las elevadas concentraciones de cadmio, arsénico, plomo, cinc y cobre. Este organismo ha emitido ya tres estudios, el último de ellos en diciembre, en el que certifica la existencia de dicha contaminación.
Este caso se encuentra en los tribunales desde el mes de junio de 2004, cuando la asociación ecologista Lur Maitea denunció la existencia de suelos contaminados en la zona de Abandoibarra, donde se estaba concluyendo el movimiento de tierras para construir los principales edificios en la regeneración de esta zona de la capital vizcaína.
El colectivo alegó la existencia de un presunto delito contra el medio ambiente en el traslado de materiales tóxicos desde el solar bilbaíno hasta una finca rural en la cercana localidad de Zamudio por parte de la empresa constructora, Enrique Otaduy. Para ello, presentó dos informes técnicos elaborados por las empresas Idom y Adirondack, que concluían la existencia de diez productos tóxicos, como arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo, cinc y sulfuros. El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao llegó a paralizar en julio de 2004 el traslado de las tierras desde Abandoibarra a la finca de Zamudio.
El Instituto de Toxicología certificó en noviembre de 2004 que el solar de Abandoibarra superaba hasta diez veces los niveles tolerables establecidos por el Gobierno para la presencia de cadmio.
Último informe
En mayo de 2005, confirmó las altas concentraciones de este mismo elemento en el suelo y descubrió también la presencia de cromo y evaluó que suponía "un riesgo inaceptable" para su utilización como zona residencial "en lo que a la protección de la salud se refiere".
El último informe, fechado el pasado 28 de diciembre, analiza el suelo de los vertederos de Zamudio donde se depositaron las tierras, que ahora albergan plantaciones de eucaliptus. Las siete muestras, tomadas a más de 30 centímetros de profundidad, revelan altas concentraciones de cadmio, arsenico, cobre, cinc y plomo. En el caso del cadmio, seis de ellas superan los valores límites. El estudio detecta la mayor contaminación en una muestra por su contenido en arsénico, "que se encuentra por encima de lo admisible en una zona industrial". En concreto, aparecen unos índices 450 veces por encima de lo impuesto por la Unión Europea.
La juez, en una providencia dictada el pasado 2 de febrero, da por finalizada la instrucción tras pedir al Instituto de Toxicología un nuevo informe que certifique "si la concentración de cadmio, arsénico, plomo, cinc y cobre puede suponer o supuso un grave riesgo o hipotético peligro para la salud de las personas".
Lur Maitea ha asegurado que en este caso ha habido "connivencia" para obtener beneficios entre varias entidades públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Bilbao, la sociedad Bilbao Ría 2000 que vendió los terrenos, la constructora Otaduy y la sociedad pública Ihobe. Esta última entidad afirmó, cuando se destapó este asunto, que desconocía el traslado de las tierras contaminadas a Zamudio y que el Ayuntamiento de esta localidad sólo le pidió datos para acondicionar el vertedero donde se depositaron las tierras.
