Montilla se compromete a crear la Oficina Antifraude, pero no aclara si fiscalizará los ayuntamientos

La Oficina Antifraude, el proyecto en defensa de la transparencia institucional que tantos quebraderos de cabeza le llevó al anterior Gobierno, vuelve a estar sobre la mesa del presidente de la Generalitat. Y ayer, José Montilla se comprometió a ponerla en marcha esta legislatura. Aseguró el jefe del Ejecutivo en la presentación de su plan de Gobierno que su equipo continúa comprometido con el proyecto, a pesar de que el Consejo Consultivo de la Generalitat le propinó un serio varapalo al mismo en los últimos meses de la pasada legislatura. "Seremos cuidadosos", dijo Montilla recordando que el Consultivo dictaminó que el proyecto de ley de la anterior legislatura presentaba múltiples puntos de inconstitucionalidad por invadir funciones exclusivas que competen a la autoridad judicial, al ministerio fiscal y a la policía judicial. El Consultivo también dictaminó que muy difícilmente esta oficina podría fiscalizar los ayuntamientos.

Este punto fue, precisamente, fuente de profundas discrepancias entre los socialistas y Esquerra Republicana. Mientras los primeros nunca vieron con buenos ojos que la Oficina Antifraude pudiera controlar también los ayuntamientos, los republicanos lo defendieron hasta el final.

La incógnita está en saber si en el nuevo proyecto que deberá redactarse ahora el Gobierno incluirá la demanda de los republicanos. A tenor de lo dictaminado por el Consultivo, lo más probable es que la propuesta se diluya, pero Esquerra difícilmente permitirá que desaparezca del todo. En cualquier caso, Montilla eludió ayer aclarar este punto.

Oficina Antifraude aparte, Montilla, que ayer compareció ante la prensa para explicar los acuerdos del Gobierno, expuso hasta 300 compromisos concretos para esta legislatura. Desde la gratuidad de los peajes para camiones que circulen en horas nocturnas hasta la construcción de 21 hospitales, pasando por la puesta en marcha de 19 centros de salud mental. Este programa social y de infraestructuras, dijo Montilla, está pensado para ser llevado a cabo con el actual sistema de financiación.