"Investigaremos a fondo la relación entre políticos y paramilitares"

"Vamos a ir hasta donde se tenga que ir; las consecuencias, ni nosotros mismos podemos adelantarlas", afirma sin titubear Alfredo Gómez, presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Este juez de 55 años tiene, junto a ocho magistrados más, la tarea de investigar y juzgar a los congresistas involucrados en el escándalo provocado por la relación entre los políticos y los paramilitares colombianos. Un escándalo que ha destapado asesinatos, secuestros, extorsiones y compra de votos. "Nuestro compromiso es investigar a fondo la relación entre políticos y paramilitares", dice Gómez, sin titubeos.

"Somos conscientes de que la credibilidad de la justicia está en juego"

Desde finales del año pasado, la Corte ha ordenado la detención de nueve congresistas, todos miembros de partidos de la coalición del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, y se espera que otros seis pasen pronto a engrosar la lista.

"Las decisiones las tomamos entre todos los jueces, unánimemente", dice el magistrado, confirmando que la actuación de la Corte en este caso no tiene precedentes en la historia colombiana. Hay, además, otro hecho inédito: el alto tribunal cuenta con un equipo especial de investigaciones integrado por nueve magistrados auxiliares, nueve expertos de la policía judicial y cuatro secretarios. El Gobierno autorizó y concedió el dinero para financiar un equipo con el que nunca antes contó ninguna Corte Suprema.

Gómez asumió la presidencia de la sala penal en enero pasado. Jamás imaginó que iba a estar al frente de una investigación de tal magnitud.

Pregunta. Debe de ser duro tener esa responsabilidad sobre los hombros.

Respuesta. Sentimos que los colombianos y la comunidad internacional nos miran por las consecuencias que nuestras decisiones pueden tener. Somos conscientes de que la credibilidad de la justicia está en juego.

P. ¿Han sentido presiones?

R. Nuestra designación como jueces no ha sido política y eso nos garantiza independencia absoluta. No hemos tenido ninguna presión ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo...

P. Pero uno de los magistrados ya ha recibido amenazas. Le dijeron que habían puesto precio a su cabeza.

R. Sí, es cierto. Aunque aún no sabemos nada del origen de estas amenazas.

P. ¿Se siente respaldado por la opinión pública?

R. Siento el apoyo de la gente en todas partes. Casi todos los días llegan mensajes, algunos anónimos, donde nos muestran todo su afecto y apoyo.

P. Mucha gente piensa que la fiscalía -que investiga a quien fuera director del espionaje colombiano durante la primera legislatura de Uribe- ha sido tímida en sus decisiones, que los que verdaderamente impulsan este proceso que tiene en vilo a la clase política no es la fiscalía, como debería ser, sino los magistrados de la Corte.

R. No creo eso. La fiscalía y la Corte trabajan conjuntamente apoyándose en el traslado de pruebas. En nuestras investigaciones aparecieron elementos comprometedores para personas sobre las que no tenemos competencia y enviamos esas pruebas a la fiscalía.

Gómez cita el caso del ex ministro Álvaro Araújo Noguera, padre de la ex ministra de Exteriores María Consuelo Araújo, de momento la principal víctima política de este escándalo, pues renunció dos días después de la detención de su hermano por vínculos con los paramilitares. La fiscalía ha dictado también orden de captura contra el ex ministro Araújo, que está prófugo.