El acicate del 'caso Leganés'

La Estrategia de Cuidados Paliativos no lo menciona, pero debe parte de su urgencia al llamado caso Leganés. El 2 de marzo de 2005, la Consejería de Sanidad de Madrid recibió una denuncia anónima en la que se acusaba a los médicos del hospital Severo Ochoa, al sur de la comunidad, de haber practicado "400 homicidios" en el servicio de Urgencias.

La denuncia trascendió el 8 de marzo, y la caza de brujas se desató. El 11 de marzo de 2005 la Consejería -que dirigía y dirige Manuel Lamela- destituyó al jefe de Urgencias, Luis Montes, y a miembros del equipo directivo del hospital.

Los trabajadores del centro madrileño adujeron desde el principio que en ningún momento habían practicado eutanasias, sino que se trataba de casos de sedación terminal: dar medicamentos para evitar algunos síntomas de la agonía, como el dolor, los ahogos o los vómitos, aun a costa de que sus efectos secundarios acorten la vida.

El 26 de mayo de 2005 una comisión nombrada por la Consejería determinó que había encontrado 73 casos de sedaciones "no indicadas, inadecuadas o contraindicadas". El Consejero denunció entonces a cuatro médicos en los juzgados de Leganés.

Hoy, el proceso sigue en los juzgados. Hasta ahora la única sentencia que ha habido, el 17 de febrero de 2006, absolvió a los médicos que habían sedado a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tribunal no encontró relación entre la muerte del paciente y la administración de fármacos para quitarle los ahogos que sufría en su agonía.

Pero aparte de lo que determinen los tribunales, lo que el caso puso en evidencia fue que había un campo médico que necesitaba una mayor clarificación y regulación. Ahora sólo seis comunidades (Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja) carecen de un plan de cuidados paliativos.