China opta por el desarrollo sostenible

Ya no vale el desarrollo a cualquier precio. Después de casi tres décadas de avance vertiginoso, el Gobierno chino quiere poner freno a la degradación medioambiental y bascular hacia un modelo sostenible que asegure el futuro de la economía del gigante asiático a largo plazo. Así lo aseguró ayer el primer ministro, Wen Jiabao, en la apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), que durará 12 días. Wen dijo que Pekín hará más esfuerzos para ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la eficiencia y la calidad del crecimiento. El Gobierno de Pekín se comprometió también a dar más apoyo a la educación, mejorar el precario sistema sanitario y reducir las desigualdades, especialmente las que soporta el mundo rural.

El 90% de la población rural no tiene ningún tipo de seguro ni puede pagar a un médico

"Nuestro modelo de crecimiento económico es ineficiente. Esto se puede ver en el excesivo consumo de energía y la grave contaminación ambiental", dijo el primer ministro chino. "Debemos evitar buscar sólo un crecimiento más rápido".

China no logró alcanzar en 2006 las metas de control medioambiental que se había marcado. El Gobierno ha culpado a algunos funcionarios locales -obsesionados por el desarrollo de sus provincias- de saltarse los objetivos, por lo que Wen aseguró que habrá que aplicar medidas estrictas. "Implantaremos un sistema de supervisión más efectivo y castigaremos con decisión cualquier acción que viole las leyes y las regulaciones", señaló.

Pero no será fácil. El país crece desde hace años a ritmos que rondan el 10% anual sin prestar gran atención al coste ecológico, y, aunque el primer ministro dijo que espera un aumento del PIB (producto interior bruto) del 8% para este año, reconoció que se trata sólo de una cifra con finalidad presupuestaria, que puede variar "una cierta cantidad sobre lo establecido". Pekín da desde hace años unas estimaciones que se ven tradicionalmente superadas con creces.

La intervención de Wen, que fue interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de los casi 3.000 diputados de todo el país reunidos en el anfiteatro del Gran Palacio del Pueblo, dejó traslucir, no obstante, cierta satisfacción por la evolución de la economía, una vez que parecen dominados los riesgos de sobrecalentamiento que flotaban sobre el país el año pasado. El plan, ahora, según dijo, es reequilibrar el modelo, e impulsar el consumo interno al tiempo que se mantienen las exportaciones, que, según advirtió, deberán seguir siendo uno de los motores de la actividad y del empleo.

La presentación del informe sobre el trabajo del Gobierno en 2006 y los objetivos para 2007 consistió en un recopilatorio de iniciativas ya anunciadas anteriormente, en el que hubo poco espacio para la política interior y la internacional. El desarrollo de una "sociedad armoniosa" -término que empleó también para referirse a la visión que tiene China del mundo, que, según afirmó, atraviesa una situación "incierta y complicada"-, y la reducción de las desigualdades sociales -que no dejan de crecer a pesar de que Pekín asegura que disminuirlas es una de sus prioridades- ocuparon también buena parte de la intervención, que duró dos horas y cuarto.

Wen dijo que el Gobierno se esforzará por mejorar los ingresos en el campo, donde viven dos tercios de la población; crear una red de seguridad social, y establecer un sistema sanitario en las zonas rurales, en las que el 90% de la población no tiene ningún tipo de seguro y no puede acceder al médico, debido al coste. La inmensa mayoría de los ciudadanos chinos carece de cobertura sanitaria, en un país donde la medicina es de pago, ya sea pública o privada.

Pekín continuará el plan de extender la gratuidad de los nueve años de educación obligatoria en las zonas rurales, lo que permitirá aliviar la presión financiera a un total de 150 millones de familias, según señaló Wen. El Gobierno también prometió incrementar el gasto en pensiones, y otras formas de seguridad social.

Como ocurre cada año por estas fechas, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad para evitar posibles protestas de los cientos de ciudadanos que suelen acudir a Pekín procedentes de todo el país para intentar trasladar sus quejas a los parlamentarios. Alrededor de 500.000 personas, muchas de ellas jubilados y desempleados, han sido movilizadas para controlar a la población.

Las calles aledañas a la plaza Tiananmen han sido cortadas. Centenares de policías de uniforme y de paisano escudriñaban ayer a quienes se acercaban a la entrada de la Ciudad Prohibida, y hurgaban en los bolsos de quienes parecían campesinos y podían esconder octavillas que pretendieran arrojar sobre la plaza. En la capital, disidentes y activistas están sometidos a vigilancia.