El Gobierno ayudará a UDC, ERC e IU a recuperar sus bienes de 1939

El PSOE, y por tanto el Gobierno, aceptaron ayer en el Congreso reformar la ley de 1998 de restitución a los partidos históricos del patrimonio confiscado por régimen de Franco tras la Guerra Civil. Esa norma, aprobaba por el PP, se ha demostrado, según CiU, ERC e IU-ICV, demasiado exigente a la hora de comprobar el patrimonio real. Por eso el Congreso aprobó reformarla, aunque ahora habrá que discutir fórmulas y cantidades.

Las consecuencias de la Guerra Civil regresaron ayer al Congreso por tres frentes. Uno, el de las tres proposiciones de ley de CiU -sólo Unió existía en 1939-, ERC e IU-ICV -por sus predecesores PCE y PSUC- para reformar la ley de restitución a los partidos de los bienes incautados por el franquismo, que fueron tomadas en consideración y pasarán a comisión. Otra, la moción de ERC para crear una comisión que estudie la devolución a Cataluña de los papeles de Salamanca que correspondían a ayuntamientos y particulares catalanes, y no sólo a la Generalitat, como ha sucedido. Fue aprobada.

Y por último, la Mesa del Congreso se concentró ayer en la Ley de Memoria Histórica, que ya ha sufrido nueve ampliaciones del plazo de enmiendas. Ante la presión de los grupos pequeños -CiU, PNV, ERC, IU-ICV y el Mixto ofrecieron una rueda de prensa conjunta la semana pasada para pedir que se tramite ya-, el PSOE se ha comprometido a cerrar ese plazo definitivamente el 6 de marzo para que comience la tramitación. IU-ICV amenaza con "replantearse" sus relaciones con el PSOE si éste sigue en su empeño, según Joan Herrera, de "dejar morir" la ley.

El propio Herrera, que intervino junto a Jordi Xuclà (CiU) o Joan Puig (ERC), puso un ejemplo claro de lo mal que ha funcionado la ley de 1998 porque exigía unas medidas probatorias excesivas, a su entender, que hacen casi imposible demostrar el patrimonio que tenían los partidos tradicionales españoles en 1939.

"El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)", explicó Herrera, "que durante los años de Guerra Civil jugó un papel central en Cataluña, recibió el valor equivalente a 500 pesetas. Se acreditaban más de 200 locales en arrendamiento, cerca de 20 locales en propiedad, se acreditaban cuentas corrientes, pero es verdad que existía un problema probatorio porque es evidente, después de una guerra civil, después de más de 40 años de dictadura, que hay elementos que no se pueden acreditar tal y como exigía la ley".

Todos los portavoces, y en especial Aitor Esteban, del PNV -un grupo que también tiene una importante reclamación por el patrimonio incautado en España y en el extranjero, por ejemplo en la Francia del régimen de Vichy-, se quejaron de que con los partidos la ley ha sido mucho más estricta que con los sindicatos. La Unión General de Trabajadores recibió en noviembre de 2005 151 millones de euros en concepto de devolución de su patrimonio, casi exactamente la misma cantidad -150- que tenía como deuda con el ICO desde el escándalo de la cooperativa PSV.

Por el PSOE intervino Francesc Vallés, del PSC, quien asumió que la ley -que no fue apoyada por su grupo en 1998- "no ha sido eficaz" porque se dificulta en exceso "la carga de la prueba de la titularidad".

El PP, por el contrario, se opuso. Jaime Ignacio del Burgo lanzó un exordio histórico: "Compartimos absolutamente todas cuantas afirmaciones ha realizado respecto al sufrimiento histórico de quienes en un momento de la tragedia nacional fueron los vencidos. Pero partimos de un hecho que es incuestionable e incontrovertible, que el dinero jamás puede pagar el sufrimiento". Y luego dio cifras: a 31 de diciembre del año 2005, dijo, Acción Nacionalista Vasca -partido inactivo- percibió 695.000 euros, ERC, 1.760.000; Izquierda Republicana, 3 millones; el PCE, 1.025.000; el PNV, 10.469.000; el PSOE, 10.804.000, y el PSUC, 574. En total, 27.839.135 euros.

[El PP ha presentado para hoy seis preguntas y una interpelación dirigidas al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Para gran enfado de la oposición, el Gobierno ha decidido que tres de ellas, las que se refieren a la ilegalización del PCTV, las conteste el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP lo calificó de tratamiento "ofensivo" a la oposición].