La UE ya reprendió a España por este conflicto

El calvario de los profesores de religión católica despedidos en la escuela pública tiene muchas ramificaciones. Unos perdieron el empleo por participar en una huelga legal o por militar en un sindicato, pero la mayoría fueron marginados por motivos personales, algunos tan extravagantes como "irse de copas con los amigos" o por "vivir en pecado". Estos docentes están contratados por el Estado, que paga sus salarios, equiparables a los del resto de profesorado, pero son seleccionados por cada obispo diocesano para cada curso escolar. La Conferencia Episcopal sostiene que no debe dar explicaciones cuando prescinde de alguno de ellos. Estos son algunos casos.

La Comisión Europea, en concreto de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, elevo una advertencia hace un año al Gobierno español por el trato que reciben los profesores de religión, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados por los obispos. Cada prelado puede renovar o rescindir esos contratos sin motivación, lo que ha ocasionado innumerables sentencias y 300 millones de euros en pago de indemnizaciones por despidos nulos o improcedentes, y por daños morales, según cálculos de los sindicatos afectados.

Como antes con la exención del pago del IVA, que disfrutaba la Iglesia católica hasta este año, la advertencia de la Comisión Europea reclama a España el cumplimiento de una directiva de obligada ejecución en cada miembro de la UE. Esta vez, la norma incumplida se refiere al trabajo de duración determinada. Dice la resolución, en su apartado dos: "La Comisión, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea, invita a España a que adopte las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado en un plazo de dos meses".

El artículo 226 dice: "Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se atuviere a este dictamen, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia".

Alfredo Sepúlveda, dirigente de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores Empleados Públicos (USITep), el sindicato demandante, dijo ayer que "el problema más grave que suscita la sentencia del TC es el de la posibilidad de un acoso en la vida privada de los docentes de religión, que es intolerable en un Estado de derecho, para poder justificar una remoción por cuestiones de religión y moral". Sepúlveda puso un ejemplo de incongruencia episcopal: "Nadie se rasga las vestiduras por el matrimonio canónico de una divorciada, hoy Princesa de Asturias".