El escándalo que vincula a paramilitares y políticos desata una crisis en Colombia

El escándalo de la llamada parapolítica, la colaboración entre paramilitares y políticos colombianos por la que ya hay detenidos ocho congresistas aliados del presidente Álvaro Uribe, le costó ayer el puesto a la ministra de Exteriores, María Consuelo Araújo. Dimite cuatro días después de que su hermano, el senador Álvaro Araújo, fuera encarcelado por recibir dinero de los paramilitares. El padre de la ministra está siendo investigado por el mismo delito. La ministra ha sido sustituida en el cargo por Fernando Araújo (sin relación familiar), el ex ministro que logró huir hace mes y medio tras seis años secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Araújo renunció después de que miembros del Congreso de Estados Unidos dejaran entrever que el escándalo ponía en peligro la aprobación del tratado de libre comercio y la financiación de la lucha contra la droga. "Me voy porque no estoy atada a ningún cargo. (...) La certeza de la inocencia de mi padre y mi hermano me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarlos como hija y como hermana", dice, y agrega que el proceso judicial contra sus familiares debe estar libre de interferencias. Álvaro Araújo está acusado de haber recibido financiación de los paramilitares -dinero procedente del narcotráfico y la extorsión- y por complicidad con un secuestro.

El pasado 16 de noviembre, cuando apenas era un rumor que el senador Álvaro Araújo iba a ser detenido por este escándalo que tiene en vilo a la clase política -aparte del padre de Araújo, varios congresistas y ex funcionarios están siendo investigados-, el hermano de la ministra, de 42 años, le dijo a Uribe: "Si vienen por mí, vienen por la Conchi -apodo de la ex ministra- y por usted, presidente".

Uribe respaldó a María Consuelo hasta el último momento. No estaba dispuesto a darle un triunfo a sus opositores que, en diciembre pasado, en un debate en el Congreso, ya habían pedido la cabeza de la ministra. No sólo los políticos, en muchos artículos de opinión de la prensa nacional se pedía la salida de Araújo "por el bien del país". Tras seis meses en el cargo, Conchi finalmente tiró la toalla.

No obstante, no fue la presión nacional la que forzó su salida, sino la internacional, específicamente la de Estados Unidos. El Congreso estadounidense, bajo el control del Partido Demócrata, debe decidir pronto la suerte del tratado de libre comercio recientemente firmado por los dos países y la continuidad del apoyo financiero para una nueva fase del llamado Plan Colombia, el programa de ayudas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Colombia es el segundo país que recibe más ayudas militares estadounidenses, después de Israel.

El periódico The Washington Post, en su edición del pasado sábado, advirtió del impacto negativo del escándalo de la parapolítica sobre la opinión de los políticos de Washington. El representante Sander Levin, presidente del comité donde comenzará el trámite para la aprobación del tratado de libre comercio, aseguraba que el acuerdo no podía pasar en el Congreso "tal y como estaba redactado" y que el Plan Colombia estaba "más que en entredicho por el escándalo de la infiltración paramilitar" en la alianza gubernamental colombiana. "Yo he votado a favor del Plan Colombia en sus comienzos. Pero los nuevos acontecimientos políticos son muy preocupantes", dijo.

En un artículo publicado ayer en el diario El Tiempo, se asegura que en Washington ya se ha bautizado al escándalo como Paragate. El artículo cita declaraciones del influyente senador demócrata Patrick Leahy, que preside el subcomité que autoriza los fondos para el Plan Colombia: "Esto confirma las preocupaciones que muchos han tenido por varios años, sobre que los paramilitares se han infiltrado en los estamentos económicos y políticos colombianos. Deberíamos tomarnos una pausa y ver con quién estamos tratando".

La dimisión de la ministra también se atribuye a la necesidad del Gobierno de enfriar el escándalo con vistas a la visita del presidente estadounidense, George W. Bush, a Colombia el próximo 11 de marzo. Uribe es el principal aliado de Bush en una América del Sur dominada por gobiernos de izquierda.

Mientras los congresistas acusados de vínculos con los paramilitares se acostumbran a su nueva vida en la cárcel de La Picota, otros legisladores tuvieron ayer que rendir cuentas ante la Corte Suprema de Justicia por haber firmado junto a los jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2001, un documento en el que se comprometen a "refundar una nueva nación". En medio de la crisis, y ante la certeza de que lo que ha salido a la luz hasta ahora es sólo la punta del iceberg y de que muchos de los que ocupan hoy puestos públicos han sido respaldados financieramente por los paramilitares, han empezado a surgir propuestas para zanjar la crisis, como reducir el periodo del Congreso y convocar a elecciones en 2008; revocar de inmediato el legislativo y aprobar mecanismos para filtrar a los candidatos al poder legislativo.