Resultado inequívoco

La finalidad del constituyente al exigir el referéndum de ratificación del estatuto de autonomía fue la de forzar un acuerdo entre el Parlamento proponente y las Cortes Generales. Si no hay acuerdo entre ambos, prevalece la voluntad de las Cortes Generales, pero dicha voluntad puede ser rechazada por los ciudadanos de la comunidad autónoma en referéndum. El referéndum está pensado para arbitrar un desacuerdo entre las Cortes Generales y el Parlamento de la comunidad y no para confirmar un acuerdo entre ambos. Es una garantía de que el Estado no podrá imponer a una comunidad autónoma un estatuto que no sea aceptable para ésta. Y nada más.

Cuando hay acuerdo y cuando hay acuerdo casi por unanimidad, como ha ocurrido en la tramitación parlamentaria del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el referéndum carece de sentido en términos políticos. Lo sigue teniendo en términos exclusivamente jurídicos, ya que la constitución exige que se celebre para que el estatuto entre en vigor.

Esto es lo que refleja perfectamente el resultado del referéndum celebrado ayer. La unanimidad que ha habido en la aprobación parlamentaria del Estatuto se ha repetido prácticamente en el referéndum. No ha habido, pues, contradicción alguna entre la voluntad manifestada por nuestros representantes, autonómicos y estatales, y la voluntad manifestada directamente por los ciudadanos, que es el canon con el que básicamente hay que juzgar los resultados de un referéndum.

Pues lo decisivo cuando entran en contacto la democracia representativa y la democracia directa es averiguar si el resultado que se alcanza a través de la primera coincide o no con el resultado que se alcanza a través de la segunda. Y en este caso el resultado del referéndum únicamente admite una interpretación: los ciudadanos no han desautorizado a sus representantes, sino todo lo contrario. Políticamente el referéndum sólo tenía sentido para quienes se oponían al mismo. Para los demás era un trámite. Había que pasarlo y se ha pasado.