La Fiscalía rastrea en los bancos el dinero que no llegó a la Hacienda de Irún
Parte de los contribuyentes implicados dicen que no tienen recibo de las deudas ingresadas
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La Fiscalía de Guipúzcoa, que investiga el presunto fraude cometido en la delegación de Hacienda de Irún, está intentando seguir en diversas entidades bancarias el rastro de las cantidades que abonaron varias decenas de contribuyentes y que no fueron ingresadas en las arcas forales. Hasta el momento se han descubierto irregularidades delictivas en una treintena de los 263 expedientes remitidos por la Diputación a la Fiscalía y las cantidades sustraídas suman 975.000 euros, aunque no se descarta que el dinero desviado a manos privadas sea muy superior.
Una de las líneas de la investigación, según informó ayer la agencia Efe, está consistiendo en el seguimiento de los pagos que algunos de los contribuyentes incluidos en los expedientes hicieron mediante operaciones bancarias. Parte de los ingresos de las cantidades adeudadas a la Hacienda foral se realizaron con cheques y transferencias, aunque otros ingresos fueron en metálico.
Algunos de los contribuyentes cuentan con documentos justificativos de que abonaron las cantidades adeudadas, unos firmados y con sellos de Hacienda, pero hay una parte que asegura no tener recibos, señalaron fuentes de la investigación. Cada expediente investigado corresponde a un contribuyente diferente y la media de las cantidades pagadas oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros. En algunos de los expedientes en los que no se aprecia delito penal, sí se han encontrado en cambio irregularidades de tipo administrativo que serían sancionables.
Insolventes
Tras efectuar los pagos, los contribuyentes fueron declarados insolventes o bien se dejó prescribir la deuda, aunque la Fiscalía analiza si los interesados participaron también en la presunta malversación a Hacienda o resultaron engañados. El Ministerio Público dispone de plazo hasta el próximo 12 de marzo para cerrar su investigación, aunque no se descarta que ésta se prorrogue dado el tiempo que se está empleando en algunas pesquisas. Para ello tendría que solicitar autorización al fiscal general del Estado, indicaron dichas fuentes.
La Fiscalía comenzó a mediados del pasado mes de septiembre a investigar las posibles irregularidades descubiertas en la sucursal de Hacienda en Irún, a partir de la documentación facilitada por la propia Diputación. Fue el Servicio de Intervención y Auditoría de la Hacienda foral el que descubrió diversas anomalías contables en al menos una docena de expedientes correspondientes al año 2003.
Los hechos se referían a entregas en metálico en la oficina de la Hacienda de la ciudad fronteriza para pagar deudas tributarias, pero que no figuran ingresadas en las cuentas de la Hacienda foral. La Diputación ha enviado a la fiscalía un total de 228 expedientes con anomalías, de los que cerca de un 10% podían tener relevancia penal.
EB, el PP y Aralar han exigido que se investiguen todos los expedientes en los que intervinieron el entonces director de Hacienda y actual senador del PNV Víctor Bravo, y su hermano y ex responsable de la oficina de Irún, José María Bravo.
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