Detenidos cinco congresistas por sus lazos con paramilitares colombianos

La noche del jueves, mientras tomaba café en un centro comercial de Bogotá, fue detenido Álvaro Araújo, hermano de la canciller [ministra de Exteriores] Consuelo Araújo y líder del pequeño partido Alas Equipo Colombia. Es uno de los cinco congresistas arrestados ese día por orden de la Corte Suprema de Justicia acusados de vínculos con los grupos paramilitares. Otro parlamentario buscado por la justicia huyó del país el 12 de enero por la frontera con Ecuador. Los seis son caciques electorales de la zona del Caribe y pertenecen a partidos de la coalición que respalda al presidente Álvaro Uribe. Tres congresistas más están en una cárcel de la capital colombiana desde el pasado noviembre por las mismas causas.

El escándalo de la parapolítica, como se llama a este maridaje entre paramilitares y políticos, empezó el año pasado. En la lista de implicados figuran también ex gobernadores y ex funcionarios del primer periodo de Gobierno de Uribe, reelegido presidente en mayo del año pasado. La noticia, que ha generado titulares de cinco columnas en los periódicos colombianos -se considera uno de los más grandes escándalos en la vida política del país-, provocó el inevitable debate sobre la eventual dimisión de la canciller.

La ministra Consuelo Araújo, de 36 años, empezó a caminar en la cuerda floja desde que su hermano senador fue llamado a declarar en noviembre pasado. La canciller renunció, pero siguió en el ministerio tras el apoyo que le dio el presidente. "Me gusta que me midan por mis resultados", dijo en un debate a la oposición en el Congreso, a finales de 2006.

Y ése es el argumento que esgrimen los que la apoyan. "No se puede, por salvar apariencias, sacrificar a una compatriota que lo ha hecho bien", volvió a repetir el presidente Uribe al renovarle su respaldo. La canciller, en un breve comunicado leído ayer ante la prensa, volvió a decir que se queda; sólo reconoció que [para ella] "es un momento difícil".

¿Le conviene al país que la ministra permanezca en su cargo, que sea la imagen de Colombia en el exterior? En varias encuestas el no es mayoritario; y es lo que piensan, incluso políticos de la coalición de Gobierno y algunos funcionarios del palacio presidencial. La oposición ha sido clara: debe irse. "No hay alternativa; que dé un paso al lado por el bien de Colombia", dijo Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal.Para muchos analistas, la más perjudicada con esta decisión es la propia ministra Araújo. Su familia está cercada hoy por las acusaciones: Álvaro, el senador, aparece mencionado varias veces en los archivos del ordenador incautado al lugarteniente Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, -jefe paramilitar de gran relevancia en la costadel Caribe-. En esos archivos el senador Álvaro figura como el candidato presidencial de los paras.

Existe además el testimonio de dos hermanos. Víctor Ochoa, uno de ellos, asegura que fue secuestrado por los paramilitares para despejarle el camino electoral a Araújo. Cesar Hernando Molina Araújo, primo de la canciller, e hijastro del actual fiscal especializado en juzgar a los funcionarios, fue llamado el jueves a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Se investiga también si participó en los múltiples crímenes de esta macabra organización paramilitar que, bajo el escudo de luchar contra la guerrilla, masacró campesinos, se apoderó de sus tierras y se apoderó también de dineros públicos en las dos últimas décadas.

El padre, investigado

Por si fuera poco, ayer la Corte también pidió a la Fiscalía que se investigue al padre de la ministra, Alvaro Araújo Noguera, ex senador, ex ministro de Agricultura, y ex gobernador de la provincia de César, por su presunta vinculación con el secuestro de Víctor Ochoa. Y la revista Cambio reveló, hace poco, que la justicia de Estados Unidos investiga a otro hermano, Sergio, por lavado de dinero.

Esta tormenta política -aunque ellos mismos no lo acepten- golpea duramente a la coalición del Gobierno del presidente Uribe y a la credibilidad del Congreso. La situación se enrarece aún más con las amenazas contra uno de los magistrados de la Corte Suprema. La misma noche en que se conocieron las órdenes de captura, el juez Yesid Ramírez recibió una llamada en la que le informaron de que ya pagaron por su muerte.