Los dos concejales de Gondomar iban a recibir una comisión de 50.000 euros

Los concejales de Gondomar José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido iban a recibir el miércoles más de 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la Justicia para desmontar una supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar. A cada uno de los los dos ediles y al arquitecto, Javier Borja Ramilo, contratado por el ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Después de comparecer en el Juzgado número 6 de Vigo, los cuatro han quedado en libertad con cargos.

La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros favores . La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas siguiendo una de las muchas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en Gondomar.

El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas a los detenidos y a otras personas que estaban en el punto de mira de la investigación. Las actuaciones pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según fuentes de la investigación.

En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no había acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía recluido en su casa, donde fue detenido por la Guardia Civil. Horas más tarde, el instituto armado arrestó al arquitecto Francico Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo.

Después de tomarles declaración, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno de los dos concejales y al arquitecto, que deberán presentarse en el juzgado cada quince días, y otro delito similar, a Belén Fernández.

Un portavoz de la Guardia Civil confirmó que los acusados habían permanecido incomunicados desde el momento de su detenición hasta que por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la jueza Eugenia Manzanares Saavedra, los cuatro declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La jueza también decretó el secreto de las actuaciones. La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario, ya que, de celebrarse el juicio, esa persona se convertirá en el principal testigo de cargo.

Fuentes de la investigación no descartaban ayer la detención de más implicados, aunque "el alcalde [Carlos Silva] podría librarse de la quema", según señalaron a este periódico. Precisamente ayer, Silva convocó una rueda de prensa para pedir prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, antes de lanzar un mensaje de tranquilidad: "Ahora debemos mantener la cabeza fría". El regidor criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, y su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o Vigo".

Silva dijo desconocer exactamente los cargos que se les imputaban a los cuatro detenidos y anunció que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con absoluta normalidad.

Al portavoz del grupo municipal socialista en Gondomar, Carlos Cabaleiro, no le sorprendieron las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, pero no sabíamos que la cosa llegaría a estos extremos". Cabaleiro acusa al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".

Xosé Antón Araúxo, portavoz nacionalista, recordó las presiones vividas por los ediles del BNG que combatieron el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero y dieron una paliza a otro".