Ladrillo peligroso en Val Miñor
Tres ediles de Gondomar y Nigrán sufrieron ataques tras denunciar irregularidades
El Val Miñor es una de las zonas turísticas más importantes de Galicia. En esta comarca bañada por el Atlántico conviven municipios costeros como Baiona y Nigrán con un enorme ayuntamiento de interior, Gondomar, cuya superficie es mayor que la de los otros dos juntos. Las irregularidades urbanísticas son ya leyenda urbana en esta parte del sur de Galicia. Quien más quien menos tiene una historia que contar. Algunas parecen de terror.
En los últimos dos años tres concejales nacionalistas han sufrido de forma directa su obsesión por combatir la ilegalidad. Uno de ellos recibió una paliza, a otro le quemaron un coche y al tercero dos vehículos y parte de su casa. Nadie puede demostrar que las ilegalidades urbanísticas y las agresiones estén relacionadas. Pero la sospecha planea desde entonces sobre los tres casos.
"Yo sólo sé que los seis meses anteriores al incendio denuncié un par de infracciones"
"Ahora se ve quién cometía ilegalidades", dice un concejal al que le quemaron el coche
Manuel Pereiro ni siquiera era ya concejal cuando fue agredido. Como miembro de la Comunidad de Montes, le extrañó hallar en la parroquia de Vincios un relleno en una zona protegida, de esas que en gallego se llaman "xunqueiras" y que son zonas de humedal, normalmente vedadas para edificar. De su etapa como edil nacionalista en Gondomar recordaba que el Plan General de 1997 declaraba esa zona como protegida, así que al ver la obra llamó al Seprona, pero también se topó con el dueño de la empresa que intentaba edificar allí.
Pereiro asegura que este hombre le dio una paliza allí mismo. "Tiene una empresa que pensaba trasladar allí, a esa zona protegida, de hecho cuando le pregunté qué estaba haciendo me dijo que tenía permiso de Alejandro Gómez [uno de los concejales detenidos el pasado jueves]".
A Manuel Pereiro le quedaron pocas ganas de meterse en líos: "Apenas recibí apoyos, todo lo contrario, Mosquera y Gómez fueron los impulsores de una nota de prensa en la que se aseguraba que mi casa y la de otro concejal agredido estaban en zona ilegal, algo que es mentira pero que me causó muchos perjuicios". "Ahora se ve quién cometía ilegalidades de verdad", asegura.
No vive con miedo, pero se queja de la lentitud de la Justicia: "El hombre que me agredió el 9 de febrero de 2006 ha ido a declarar hace sólo tres días, asegura que no me conoce de nada, que me inventé la paliza". "No puedo hablar sin pruebas, pero creo que este señor actuó así porque se sentía protegido", se lamenta Pereiro.
Menos hablador se muestra Domingos Solla, concejal del BNG en Gondomar, a quien hace poco más de un año le quemaron dos coches y parte de su casa. Solla no quiere mezclar el incidente con ningún tema urbanístico, pide que se deje trabajar a la policía e insiste en que hasta ahora ha tenido más problemas que apoyos, aludiendo al comunicado en que se le acusó de levantar su casa de forma ilegal, algo que niega categóricamente.
Pero lo cierto es que Solla, como le sucedió antes al nacionalista de Nigrán, David Giráldez, había descubierto algunas zonas protegidas en las que se estaban depositando escombros y material de modo "completamente ilegal", asegura Giráldez. A él le quemaron su coche a las once de la noche del 19 de noviembre de 2005. Le avisó un vecino.
Los investigadores de la policía científica hallaron una vaina de un petardo refractario, que supuestamente causó el incendio: "No nos volvamos locos, esto no es un acto de una mafia de constructores, esa gente no se pone en el punto de mira quemando coches", dice Giráldez. Él cree que estas prácticas a pequeña escala son propias de gentes que toda la vida han actuado impunemente. "Yo sólo sé que ha pasado más de un año y no sé quién quemó mi coche". Días después del incendio, el edil comenzó a recibir llamadas amenazantes desde una cabina de Portugal. Tampoco se sabe quién las hizo.
"Es la policía la que debe investigar, yo sólo sé que los seis meses anteriores al incendio estuve volcado en un par de infracciones sobre el territorio. Se refiere a una tala ilegal en Monteferro en suelo rústico protegido, que, como sospechaba, se recalificó cuatro meses después en el Plan General". La otra fue también en suelo rústico protegido, en una zona limítrofe con el Ayuntamiento de Gondomar, cerca del Pazo de Villarés: "Descubrí que una empresa estaba usando un monte para almacenar su material". Giráldez les acusa de "depredadores del territorio" y asegura no tener miedo, pero, como sus dos compañeros de agresión, se lamenta de que no se haga más por descubrir a los culpables. "Hace dos noches atacaron la sede del PSOE de Nigrán, y el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, dijo, simplemente que tomaba nota". Ya cuando les agredieron a él y a Solla aseguró que se trataba de enfrentamientos "personales". Sólo el tiempo dirá si tenía razón.
Irregularidades 'vox populi'
La madrugada del jueves sobresaltó a uno de esos pueblos tranquilos que entre semana acostumbran a apagar las luces temprano. Frente al Ayuntamiento de Gondomar se acumulaban periodistas para intrigar de los los vecinos. "¿Que han detenido a Mosquera y a Alejandro? Pues no me extraña nada". Eso sí, ninguno se atrevía a dar nombre y apellidos, por si acaso. Todos en Gondomar llaman Alejandro al concejal de Urbanismo y Hacienda, al que consideran un hombre cercano.
Es vox populi en el pueblo que construir de forma ilegal "tarde o temprano tiene arreglo", cuenta una vecina. Para entender la facilidad con que se infringen las normas en ayuntamientos como éstos conviene saber que el núcleo rural es mucho mayor que el urbano. En esas zonas de montes inmensos hasta ahora nadie se ha preocupado de quién y cómo construía, o de quién arrojaba escombros.
"Lo triste es que sólo hablen de nosotros por esto", lamenta otra vecina. El pueblo coincide en que las detenciones no benefician a nadie, y menos a los políticos. El portavoz socialista, Alfonso De Lis, admite: "Estas cosas llevan a la gente a pensar que todos los políticos somos iguales".
El Plan General iba a servir para fijar la legalidad del urbanismo. Desde sus inicios fue polémico. La oposición cuenta que el último documento de 2007 lo conocieron antes "los amigos del gobierno que nosotros". Antonio Araúxo, portavoz nacionalista, tuvo en sus manos un ejemplar de ese plan que consiguió "en la calle", asegura.
Todos esperan nuevas detenciones, aunque nadie se explica cómo, si todo estaba tan claro, nunca se denunció nada. "Sin pruebas, qué vas a hacer", resumen socialistas y nacionalistas.
Las figuras de Alejandro Gómez Garrido y José Luis Mosquera, los dos ediles detenidos, centran todas las conversaciones de bar. Eran dos de las personas más conocidas de la corporación, sobre todo Mosquera, que da clase de Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Gondomar.
Gómez llevaba ocho años con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Antes de entrar en la corporación era delineante. En las charlas de taberna también se habla mucho de José Fajo, el constructor más conocido de Gondomar, ya que entre los detenidos hay un arquitecto que trabajaba para él: "Hace poco la Policía Local paraba el tráfico para facilitar la salida de sus camiones en las obras", recuerda una vecina.
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