Los dos grandes partidos apoyan la moratoria a la restricción de venta
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El aumento a los 12 años de la edad mínima para comprar y tirar petardos, vigente desde el domingo pasado, provocó la reacción inmediata del mundo fallero y de quienes echaron cuentas de los perjuicios para su negocio. Los primeros pidieron que se hiciera una excepción para los falleros, y acusó al Gobierno socialista de no respetar la fiesta a poco más de un mes para que comience. La Asociación de Vendedores de Prensa de Valencia pronosticó pérdidas de 3.000 euros de media para los quioscos, que vendría a dar la puntilla a un sector "ya tocado" por la ley antitabaco. Y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Artículos Pirotécnicos de Alicante, Pedro de Gea, anunció "una invasión de carritos ambulantes no autorizados" que resultaría todavía más peligrosa.
La previsible postura del Ayuntamiento de Valencia tampoco se hizo esperar. El concejal de Fiestas, Félix Crespo, calificó rápidamente la medida de "absoluto irraciocinio". Los agentes de la Policía Local ya "vigilan e incluso a veces asfixian a los establecimientos de productos pirotécnicos para lograr un correcto uso de los petardos", añadió.
La respuesta llegó del delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, que aseguró que la medida pretendía "compatibilizar la tradición con la seguridad, especialmente la de los menores". De su lado, apenas se escuchó la voz de la Unión de Consumidores, que consideró "acertada" la nueva regulación.
Todo eso ocurrió el lunes. Al día siguiente, la alcaldesa de Valencia anunció que había solicitado la tramitación de una moratoria a la entrada en vigor de la norma. Los productos menos peligrosos, recogidos en el tipo 1 del Reglamento de Explosivos, "forman parte de la voluntad de los valencianos por estimular la afición y vocación de los valencianos por las Fallas", afirmó Rita Barberá.
Responsabilidad fallera
El Ayuntamiento presentó la solicitud de moratoria y el delegado del Gobierno se comprometió a trasladarla al Ejecutivo central, si bien Bernabé insistió en que la norma perseguía velar por la seguridad de los niños.
Llegó el jueves y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, después de haber resistido varios días, se sumó a la petición de moratoria presentada por el Gobierno. El concejal Francisco Carsí matizó que la postura de su partido consistía en que los niños pequeños pudieran tirar petardos en "las comisiones falleras, bajo su responsabilidad y siempre que esté incluido en los actos oficiales del programa de fiestas". Carsí recordó que durante la tramitación en las instancias europeas, tanto los socialistas como los populares votaron a favor.
A nadie se le ocultaba que la decisión táctica del PSPV tenía más que ver con la proximidad de las elecciones (en mayo) que de las fallas. Y del temor de que el mundo fallero se le viniera encima.
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