El fiscal eleva la pena a los acusados por el caso de la 'parálisis del calzado'

El fiscal elevó ayer de dos años y medio a tres la pena de cárcel para dos empresarios, propietarios de una fábrica de calzado de Villena donde enfermaron 10 operarias a consecuencia de la inhalación de gases tóxicos emanados por las colas y disolventes. El juicio por estos hechos, conocido como la parálisis de calzado, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Alicante, quedó ayer visto para sentencia.

El representante del ministerio público, Juan Carlos López Coig, fiscal de delitos laborales de la Audiencia de Alicante, basó el aumento de cárcel para los procesados, "en el cúmulo de infracciones en materia de seguridad e higiene de la fábrica y la ausencia total de medidas preventivas", puntualizó.

Los acusados son Agueda García y José Antonio Hernández, dueña y copropietario, respectivamente, de la empresa Aparados Hergar, donde en la primavera de 1998 se detectaron 10 casos de operarias afectadas por el mencionado síndrome laboral. Los acusados reconocieron en la vista oral que la fábrica comenzó su actividad sin permisos ni por parte del Ayuntamiento ni de la Consejería de Industria. La dueña admitió que no suministró ni guantes ni mascarillas de protección a las operarias y, además, que el centro carecía de sistema de ventilación mecánico.

Las trabajadoras denunciaron esas carencias y que habitualmente las ventanas de la fábrica estaban cerradas. Los síntomas de la enfermedad eran mareos, vómitos y paralización progresiva de los brazos y piernas. El testimonio de una operaria afectada fue esclarecedor: "No podía ni abrocharme la cremallera del pantalón".