El Ministerio de Medio Ambiente recuerda que la ley permite la excepción cultural

Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente reaccionaron ayer con sorpresa e incredulidad a la decisión judicial de suspender los festejos en la calle de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Una vez repuesto de la noticia, el director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandre, recordó que la Ley del Ruido, de 2003, y las ordenanzas municipales que la desarrollan permiten excepciones por motivos culturales. "Una cosa es el botellón y otra el carnaval", sostuvo en conversación telefónica Alejandre, responsable ministerial de la lucha contra el ruido.

"No conocía la medida pero si es así me sorprende. La ley del Ruido, de 2003, y las normas autonómicas y las ordenanzas municipales que la desarrollan permiten excepciones culturales o por motivos históricos. No sé si el carnaval está en ella pero lo lógico es que se incluya. El carnaval dura unos días, no todo el año, y en principio me parece raro que se pueda prohibir", explicó Alejandre desde una conferencia en Nairobi.

El artículo 9 de la Ley del Ruido establece que "con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar, en determinadas áreas acústicas, previa valoración de la incidencia acústica, las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a aquéllas".

Alejandre diferenció entre "las fiestas tradicionales y el botellón y otros motivos de ruido que hay que combatirlos y en el que los ciudadanos tienen toda la razón al quejarse". El director general del ramo considera positivo que la justicia defienda los derechos de los ciudadanos en estos casos pero matizó: "Si la gente piensa que las normas de medio ambiente se aplican a casos absurdos estaremos haciendo un flaco favor a la aplicación de estas normas".

Control municipal

El Ministerio de Medio Ambiente elabora la normativa básica sobre ruido pero, según Alejandre, al igual que alegan otros colegas suyos, no puede controlar su cumplimiento en todo el país: "Nosotros podemos fijar por ley que no se puede construir en zonas con ruido pero no podemos controlar si un ayuntamiento decide colocar una urbanización en una zona que supera los niveles admisibles".

El propio Alejandre está imputado en un juzgado por el ruido excesivo del aeropuerto del Prat, y en ese caso defiende su actuación: "El juez imputa a la comisión de seguimiento del ruido y yo no soy miembro". Además, añadió que aeropuerto tiene la declaración de impacto ambiental y está aprobado por los municipios afectados antes de su llegada al ministerio, en 2004.