Un juez suspende de forma cautelar los actos en la calle del carnaval de Tenerife

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sacudió ayer la ciudad: emitió un auto por el que suspende cautelarmente los actos en la calle durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, como respuesta al requerimiento planteado por siete comunidades de vecinos y nueve particulares, que se quejan del ruido. El lunes el juez tomará la decisión definitiva. El alcalde, Miguel Zerolo, se mostró escandalizado: dijo que se corre el riesgo de mutilarse "una celebración de más de 200 años, con la que no pudo acabar ni el hambre, ni las epidemias, ni la guerra civil".

Los vecinos que han acudido a los tribunales solicitaron la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga al Ayuntamiento a adoptar, durante las dos semanas que dura la fiesta, las medidas necesarias para que en zona residencial la música a partir de las 10 de la noche no supere los 55 decibelios. Las mediciones hechas por los vecinos el año pasado superaban los 115 decibelios.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, reunió a los más de 100 representantes de grupos del Carnaval, exaltados, enfadados y dolidos por esta decisión, y les pidió "tranquilidad, sosiego y calma" hasta la vista programada en el juzgado este lunes, donde el juez contrastará las posturas, desde hace un año irreconciliables.

Posteriormente, Zerolo reunió a los medios de comunicación y avanzó que hoy publicaría un bando en este mismo sentido. El alcalde midió su intervención con un sonómetro, que marcó sólo con su voz picos superiores a 70 decibelios, para demostrar que el cumplimiento de la sentencia supone un auténtico toque de queda para una de las fiestas más importantes de todo el país.

Miguel Zerolo también matizó que el Ayuntamiento no organiza la fiesta en la calle y que son sus ciudadanos los responsables del volumen a que se emite la música de coches, carrozas, cafeterías y quioscos y que, en un caso extremo, la Policía Local tendría obligación de medir el volumen de estos ruidos cada noche.

La polémica sobre el derecho al descanso de los vecinos que viven en el centro de la ciudad en plenos carnavales surgió el año pasado. Una primera sentencia dio la razón al Ayuntamiento, al entender que en una fiesta de esta dimensión mundial en la que participan cientos de miles de residentes y turistas, prima el interés general de la fiesta. Los vecinos recurrieron que se vulnera el artículo 18 de la Constitución Española, en lo que respecta a la inviolabilidad del domicilio y de la intimidad personal y familiar.

El pasado 26 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón a los demandantes. La sentencia, además, obliga al Ayuntamiento a "adoptar todas aquellas medidas a fin de evitar el exceso producido por la música o los aparatos electrónicos en la zona centro de la ciudad, de modo que no pueda superarse el nivel de decibelios para la noche cuyo máximo es de 55 decibelios".

El fallo también advierte al Ayuntamiento que éste es responsable de hacer cumplir esta prohibición a todo tipo de chiringuitos, quioscos, terrazas de bares, circulación y aparcamiento de vehículos de todo tipo y sugiere el traslado de la actividad nocturna en la calle "a otras zonas no residenciales, a fin de proteger los derechos" de los denunciantes.

El bando leído por Miguel Zerolo que hoy publicará la Alcaldía reconoce que la sentencia "ha mutilado de una forma irreparable las fiestas del Carnaval de Europa, una celebración de más de 200 años, con la que no pudo acabar ni el hambre, ni las epidemias, ni la guerra civil, ni la emigración, ni las dictaduras".

Zerolo se confiesa "indignado" porque "es mayor el mal que se causa que el bien que se protege" y "triste" porque, añade, "nos enfrentamos a un hecho sin precedentes que ataca al corazón, los sentimientos y la historia de Santa Cruz de Tenerife".

El alcalde recuerda que "toda la geografía del Estado español está plagada de fiestas, desde Sanfermines a Fallas, desde carnavales de Cádiz a San Isidro en Madrid", donde "a ningún vecino se le ha ocurrido cargar contra sus fiestas más tradicionales".

El abogado de los vecinos que han presentado esta causa, Felipe Campos, advirtió que el bando de la Alcaldía no hace más que "crear una gran alarma social, con toda la intención" de cara a la vista programada para el próximo lunes, en una actitud que considera "antidemocrática". Campos añadió: "Sólo veo tres salidas: trasladar la música y el ocio a otras zonas no residenciales, hacer mediciones a diario y parar a quienes las incumplan o, por último, saltarse a la torera esta sentencia". "El ayuntamiento es el único responsable de esta situación", concluyó.