El subdelegado de Vizcaya destaca que la mitad de los inmigrantes estafados podía acogerse al arraigo laboral

El subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Miguel Angel Fernández, hizo ayer público un comunicado en el que destaca que al menos la mitad de los 60 inmigrantes estafados en Bilbao durante el proceso extraordinario de regularización de 2005 podían haber tenido ya los permisos legales de residencia y trabajo "amparándose en la figura legal del arraigo laboral". Los inmigrantes y las ONG que les apoyan mantienen un conflicto con la Subdelegación, a la que culpan de no disponer todavía de papeles, pese a haber denunciado a sus suspuestos estafadores.

El subdelegado reitera en su nota los pasos que ha dado y que fue él quien activó unos nuevos expedientes ante las dificultades de tramitación de los anteriores en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Fernández subraya que, estando la resolución de estos nuevos expedientes en su fase final, "no se entienden las urgencias planteadas a la opinión pública". Y agrega que se ha generado "una polémica artificial" para "distorsionar y erosionar" la imagen de la Subdelegación del Gobierno y hacerla aparecer como "la causante en última instancia de la desagradable situación que han padecido los inmigrantes".

Todos los partidos presentes en la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas del Parlamento recomendaron el pasado miércoles al subdelegado que agilizase los trámites para facilitar los permisos de residencia y trabajo a los 60 inmigrantes, que fueron estafados supuestamente por cuatro redes de abogados y de falsos empresarios.

La intervención de la Inspección de Trabajo ha sido determinante para acortar los plazos en la regularización de los afectados. Los 60 inmigrantes llevan 14 meses a la espera de documentación en regla desde que sus expedientes fuesen presentados en la Subdelegación. La Inspección de Trabajo ha desbloqueado la situación a instancias del delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0008, 08 de febrero de 2007.