El Gobierno catalán recurrirá la tercera hora de castellano

El Gobierno catalán va a recurrir finalmente ante el Tribunal Constitucional la mayor parte del decreto ministerial sobre enseñanzas mínimas de primaria, incluido el punto que establece una tercera hora semanal de enseñanza en castellano. Esquerra Republicana (ERC) presionó para impugnar este aspecto del decreto, pese a la posición contraria del consejero de Educación, Ernest Maragall.

Los socialistas catalanes acabaron por claudicar ante el embate de los republicanos pero, a cambio, obtuvieron el compromiso de ERC de no abrir otra guerra política por la Ley de Dependencia, que el Consejo Consultivo de la Generalitat [equivalente al Consejo de Estado] apreció inconstitucional en un 70% de los artículos. El PSC se aviene a introducir en el recurso ante el Constitucional la tercera hora de castellano y ERC desiste de que el Gobierno recurra la Ley de Dependencia, que además votó en el Congreso de los Diputados.

La solución a tal disputa llegó en la noche del pasado lunes en una reunión entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el consejero de la Vicepresidencia, el republicano Josep Lluís Carod. Como el desenlace ponía en un brete al consejero de Educación, Ernest Maragall, ayer el Gobierno catalán, en su reunión semanal, decidió aplazar la discusión del tema.

Los consejeros del Ejecutivo apenas dedicaron a este espinoso asunto cinco minutos. Le dieron carpetazo para dar tiempo a Maragall a redactar el recurso que, a pesar de su voluntad, también incluirá la oposición del tripartito a incrementar hasta tres horas la enseñanza del castellano en la etapa primaria.

Ayer, en la conferencia posterior a la reunión del Gobierno, el presidente José Montilla sorteó como pudo las preguntas concretas sobre la tercera hora. "No es un recurso contra la tercera hora, sino en defensa de nuestras competencias", insistió. Pero a continuación, Montilla precisó que el recurso incluiría la totalidad del anexo número tres del decreto ministerial, casualmente el que legisla sobre este controvertido punto.

En opinión del presidente catalán, el conflicto positivo de competencias -como se denomina legalmente- servirá para "blindar" las competencias de la Generalitat en materia de enseñanza, que se verán reforzadas con un decreto propio de primaria que otorgará, dijo, más autonomía a los centros educativos. "El decreto [ministerial] se ha excedido en sus atribuciones, aunque no pone en peligro el modelo educativo catalán", precisó, es decir, la inmersión lingüística en lengua catalana.

Además de recurrir este decreto, los servicios jurídicos del Gobierno autónomo están analizando otros que ha dictado el Ministerio de Educación por si pueden vulnerar competencias autonómicas. Montilla no descartó que puedan impugnarse.

La decisión de la Generalitat de recurrir el decreto de Educación pero no la Ley de Dependencia no agradó a la oposición de Convergència i Unió, mayoritaria en el Parlamento autonómico, que volvió a acusar al tripartito de "plegarse" ante el Ejecutivo central. Los nacionalistas han forzado un pleno en el Parlament para el día 14 para decidir si la Cámara recurre la Ley de Dependencia.