Un tribunal pide acciones contra el promotor que taló el pinar de Las Navas del Marqués

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha pedido al fiscal que actúe contra el constructor Francisco Gómez, El Paloma, que taló 3.000 pinos en Las Navas del Marqués (Ávila) pese a que una sentencia le impedía hacerlo. El Tribunal anunció ayer que rechaza la recusación del magistrado pedida por El Paloma y que además remitirá el escrito del promotor a la fiscalía por si ve delito en las acusaciones que el constructor vierte contra el magistrado que dictó la sentencia, al que acusa de tener expedientes y denuncias pendientes.

A Francisco Gómez no le gustó la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que paralizó en octubre su Ciudad del Golf, 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf en un pinar protegido. La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal, Eusebio Revilla, revocó la recalificación del pinar pese a que tenía los informes favorables de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Las Navas (todos del PP).

La sentencia fue pionera y supuso un duro varapalo a la Junta de Castilla y León y al alcalde de Las Navas, que crearon una empresa pública y regalaron la mitad del suelo al constructor. La sentencia sostiene que la urbanización "incumple los objetivos de protección del medio ambiente", que "contraviene frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra de la propia Junta y que no tiene sentido destruir 200 hectáreas para reforestar otras 200. Asociaciones ecologistas como Centaurea han pedido la ejecución de la sentencia -la prohibición de urbanizar- hasta que el Supremo resuelva el recurso del constructor.

En el proceso, el constructor recusó al magistrado ponente de la sentencia y alegó causas como que el magistrado había sido "denunciado o acusado" "como responsable de un delito o falta" y "haber sido sancionado disciplinariamente".

Sanción inexistente

El magistrado Valentín Varona, que instruyó el expediente de recusación, sostiene en un auto hecho público ayer que "ni siquiera" existe una denuncia contra el magistrado y que "no ha existido sanción y ni siquiera está acreditado que se haya incoado expediente administrativo sancionador". El auto critica también que la recusación se dirija sólo contra el magistrado ponente de la sentencia "olvidando que estamos ante resoluciones adoptadas de común acuerdo por el tribunal", formado por tres jueces.

El auto, contra el que no cabe recurso, añade que se remitirá a la Fiscalía el escrito de recusación por "si los términos empleados y las imputaciones formuladas pudieran ser constitutivas de delito". El instructor concluye que "existen motivos para apreciar que se ha pretendido justificar la recusación sesgando los hechos con la única finalidad de apartar al magistrado" algo que "demuestra mala fe y fraude de ley por parte de la promotora".