Medio Ambiente plantea crear un nuevo canon que grave los residuos en vertederos

El Gobierno pretende imponer un nuevo impuesto que grave los residuos vertidos en los basureros, tanto públicos como privados, y que incluiría dentro de su plan de lucha contra el cambio climático, actualmente en elaboración. Ésta es una de las medidas esbozadas en el documento que está ultimando el Departamento de Medio Ambiente, que hace un año creó la Oficina Vasca contra el Cambio Climático. Con la disminución de vertidos se busca reducir la generación de metano, uno de los gases que provocan el efecto invernadero. El anterior equipo de Medio Ambiente ya trató de crear un impuesto de este tipo, al igual que hizo la Diputación de Vizcaya hace ocho años.

La consejería que dirige Esther Larrañaga ha mantenido ya varias reuniones con el Departamento de Hacienda para abordar la creación de este nuevo canon. Se pretende elaborar un documento normativo que defina el tipo del mismo, su cuantía y quién debe pagarlo.

La creación del impuesto se ha esbozado en la Oficina Vasca contra el Cambio Climático, constituida en enero de 2006 para hacer frente a esta problemática medioambiental. Sus responsables ultiman un documento, que se prevé concluir en mayo, en el que se realizará un diagnóstico de las emisiones de gases de efecto invernadero (los causantes del cambio climático), tanto a nivel internacional y europeo como en España y en el País Vasco.El texto incluye un escenario de las emisiones previstas hasta 2012, la aplicación de medidas en cada uno de los sectores causantes y la puesta en marcha del plan.

La intención, según explicaron fuentes de Medio Ambiente, sería que el impuesto afectase tanto a la decena de vertederos públicos como al centenar de basureros privados existentes en la comunidad autónoma. La recaudación por este impuesto no iría a los presupuestos generales, sino que revertiría en políticas de mejora del medio ambiente.

El principal objetivo de la imposición es reducir el metano que se genera en los vertederos. Los gases de efecto invernadero son mayoritariamente CO2 (un 82% del total). El metano es una pequeña parte, pero Medio Ambiente cree que con el canon se lograría una importante reducción en la generación de metano. "Son pequeñas cantidades pero al final suman", comentan las fuentes informantes.

El plan de lucha contra el cambio climático en Euskadi quiere incidir también en el ámbito de los hogares y lograr un mayor implicación ciudadana en casos como la reducción de los consumos energéticos y la progresiva menor utilización del vehículo privado, otro de los grandes causantes del efecto invernadero.

Las medidas que se implanten requieren el consenso con Industria y Transportes, con los que se mantienen contactos estrechos. De hecho, la oficina actúa como coordinadora de todas las áreas del Gobierno relacionadas con afecciones al medio ambiente. La lucha contra el cambio climático es una de las cuatro prioridades marcadas por Larrañaga en su departamento, junto a la defensa de la biodiversidad, la mejora de la calidad ambiental de los núcleos urbanos y alcanzar un consumo y producción sostenibles.

Iniciativas anteriores

La creación del canon a los vertidos fue estudiada por el anterior equipo, que dirigía Sabin Intxaurraga, pero no llegó a concretarse. Entonces se planteaba como forma de promover un mejor comportamiento de las empresas en materia de contaminación y dedicar su recaudación a la mejora medioambiental, pero sin asociarlo específicamente a un plan de reducción de emisiones de gases tóxicos. Ese canon pretendía gravar cuestiones como la posible degradación del terreno por culpa de los residuos.

La Diputación de Vizcaya también lanzó en 1999 un proyecto para crear esta tasa, inédita en España, pero que existe en otros países, como Francia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca, donde se llegan a pagar más de 30 euros por toneladas depositada. La institución foral quería que el impuesto fuese abonado por los ayuntamientos, hosteleros, grandes centros de distribución y otros sectores, como los comedores escolares y de empresa.

La iniciativa se topó con el rechazo del Gobierno central, entonces en manos del PP, que lo frustró al considerarlo ilegal. Argumentó que suponía una doble imposición, al existir ya la tasa de basura que pagan los vecinos.