El choque entre el PP y el PSOE lastra el arranque de la Ley de Dependencia

Un mes ha durado el consenso con el que se aprobó la Ley de Dependencia. Esta norma, considerada el avance social más importante de la legislatura, establece el derecho a recibir ayudas por parte de las personas con algún tipo de discapacidad (1,5 millones en España). El conflicto explotó el lunes en la reunión de constitución del Consejo Territorial, que es el organismo que debe establecer los criterios del reparto de subvenciones, sus importes y el sistema de control. El Gobierno se presentó a esa reunión con 11 representantes, que el PP juzga excesivos y quiere dejar en tres.

Las discrepancias del lunes se repitieron ayer, en conferencias de prensa sucesivas en las que PP y PSOE, aparte de descalificar al otro partido, defendieron sus posturas. A diferencia de otros organismos de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades, el Consejo Territorial es el competente para dar el visto bueno a los reales decretos con el desarrollo práctico de la ley. Como dijo la responsable de Política Social del PP, Ana Pastor, "es donde se va a decidir el dinero".

La composición del organismo fue fijada como sigue: un representante de cada comunidad (19, incluidas Ceuta y Melilla); dos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente -el ministro de Trabajo, Jesús Caldera- y otros 11 altos cargos. Éstos representaban a las secretarías de Estado de Servicios Sociales y de Cooperación Territorial; las secretarías generales de Presupuestos, Sanidad, Trabajo y Empleo; la subsecretaría del Ministerio de Trabajo; las direcciones generales de Familias, de Coordinación de Políticas Sectoriales, del Instituto Nacional de Mayores y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Composición abusiva

Para el PP esta composición es abusiva, ya que concede la mayoría al partido que está en el Gobierno. Por eso sus representantes rechazan que la reunión del lunes 22 fuera válida e incluso estudia que sus comunidades la recurran, como ya hicieron con el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -denuncia que han ganado-.

Según Pastor, la composición del Consejo -que afirma que pactaron con Caldera a cambio de votar la ley- se limitaría a los 19 representantes autonómicos, uno de la FEMP, los ministros de Trabajo, Sanidad y, si acaso, Administraciones Públicas. Además, las decisiones deberían tomarse por unanimidad.

En conferencia de prensa posterior a la del PP, la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Matilde Valentín, y la portavoz en la comisión de Asuntos Sociales, Marisol Pérez, descalificaron los argumentos del PP. "Se trata de una oposición destructiva. Llegaron a la reunión con consigna y orden de torpedearla", dijo Valentín.

Pero aparte de las opiniones, la representante del PSOE tiró de reglamento: la ley establece en su artículo 8 que el Consejo estará compuesto por representantes del Gobierno -no dice cuántos- y de las comunidades. El requisito que se pone es que éstas deberán tener la mayoría, y la tienen: 19 frente a 11 de la Administración.

Además, la toma de decisiones, según el reglamento que llevó el Ministerio de Trabajo, se hará, para todas las decisiones que deben desarrollarse mediante un decreto ley, por doble mayoría: la de todo el Consejo y la de los representantes autonómicos. El reglamento dice exactamente: "Los acuerdos y propuestas se adoptarán por asentimiento de los presentes y en su defecto por el voto favorable de la mayoría de los representantes de la Administración General del Estado y de la mayoría de los de las comunidades autónomas". Valentín justificó la presencia de 11 altos cargos en que el Consejo tiene mucha capacidad decisoria, por lo que los departamentos implicados deben estar presentes.

En lo único en que ambos partidos están de acuerdo es en que esta pelea no debe afectar al desarrollo real de la norma.