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Reportaje:

Una estela de represión y tortura

La justicia argentina sigue procesando a responsables de la Triple A 34 años después de su macabra creación

A la misma hora en que el Ejército argentino perpetraba el golpe de Estado que en marzo de 1976 depuso a María Estela Martínez de Perón, varios policías y militares irrumpían en un edificio del barrio de Recoleta, en Buenos Aires, y arrojaban por el balcón a su propietario, que falleció al estrellarse contra el patio. La víctima era Bernardo Alberte, ex ayudante militar del presidente Juan Domingo Perón. Aquel fue el primer crimen cometido por la dictadura militar o el último de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A.

"Pocos días antes ya habían tratado de secuestrarlo", explica su hijo Bernardo, que tenía entonces 27 años y ahora observa con satisfacción la aceleración de los procesos judiciales contra la Triple A, que han desembocado con la orden de detención de la ex presidenta María Estela Martínez, la segunda esposa de Perón, el hombre al que su padre sirvió con total lealtad toda su vida.

Paradójicamente, el padre de la Triple A fue otro hombre que había sido estrecho colaborador de Perón: José López Rega, conocido como El Brujo, secretario personal y ministro del histórico líder argentino -fallecido en 1974-. La viuda de Perón, María Estela Martínez, le sucedió como presidenta y El Brujo hizo sentir una influencia casi total hasta el punto de que Isabelita le nombró director de todas las secretarías, una especie de primer ministro en un país donde esta figura no existe como tal.

A López Rega y a Isabelita les unía la devoción por el ocultismo, pero, a la hora de tratar con quienes consideraba como rivales, El Brujo no se andaba con espiritualidades.

Dos horas antes de ser asesinado, Alberte, quien en 1967 fue designado por Perón como secretario general del movimiento peronista, había dirigido una carta al jefe del Ejército, Jorge Videla, en la que denunciaba la mano del Ejército en los asesinatos de varios de sus colaboradores. "Además, le advertía del error histórico que cometerían las Fuerzas Armadas en caso de dar un golpe de Estado", apunta su hijo. Alberte no tuvo tiempo de entregar la carta, pero su familia sí lo hizo y además se querelló contra Videla. "Imagínese lo que nos costó encontrar un abogado en aquellas circunstancias", recuerda el hijo del asesinado.

Cuando los militares se hicieron con el poder en Argentina, la Triple A ya llevaba tiempo matando a políticos, jueces o policías a los que se consideraba simpatizantes o permisivos con la izquierda. Su primera acción reconocida se sitúa el 21 de noviembre de 1973, cuando una bomba estalló bajo el coche del senador Hipólito Solari Yrigoyen, que resultó mutilado. Los terroristas de extrema derecha no se dieron por vencidos y finalmente lograron asesinarle dos años después.

Corría 1973 cuando el ministro de Bienestar Social, a la sazón López Rega, y el comisario general de la Policía Federal argentina, Alberto Villar, acordaron exterminar a los elementos de izquierda del movimiento peronista mediante una organización clandestina de carácter parapolicial. López Rega desvió fondos de su ministerio para comprar armas. Un juez federal de Buenos Aires, Norberto Oyarbide, investiga ahora si María Estela Martínez ordenó y autorizó esas compras desde que el 1 de julio de 1974 sucedió al fallecido Perón al frente de la jefatura del Estado.

El magistrado tiene testimonios sobre su mesa -entre otros el de un ex jefe de la Guardia Presidencial-, que relatan cómo López Rega llegaba a la finca presidencial de Olivos acompañado de decenas de hombres, literalmente armados hasta los dientes, a los que había que franquear el paso. O de cómo en diversas dependencias oficiales se almacenaban cantidades disparatadas de armas cuya presencia no era justificable.

"Hay un dato fundamental que involucra a María Estela Martínez", subraya Bernardo Alberte hijo. "El 8 de agosto de 1974, en la primera reunión del Gobierno de la nueva presidenta, se pasan diapositivas de personas a los que los reunidos consideran peligrosas. López Rega las va señalando con un puntero. La primera es la de Julio Troxler, la segunda es la de mi padre", señala. Por esta reunión el juez Oyarbide también ha pedido la detención de Isabelita.

"Lo importante es que se sancionen los crímenes de lesa humanidad. La metodología y organización de este tipo de crímenes fue la génesis del genocidio de Estado que cristalizó en la dictadura de 1976", apunta Gastón Chiller, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el organismo que llevó hasta la Corte Suprema argentina un recurso que supuso en 2005 la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final firmadas durante el Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1990).

Alfonsín ha sido llamado a declarar en calidad de testigo por un juez de Mendoza que investiga a María Estela Martínez por tres decretos de su Gobierno en los que se ordenaba "exterminar el accionar de los elementos subversivos".

La victoria del golpe militar supuso el fin de la Triple A. Ya no era necesario actuar encubiertamente cuando se podía actuar de la misma manera a la luz del día, tal y como sucedió durante los siguientes años. Según las cifras que maneja la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el organismo oficial que investigó las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, más de 1.100 personas desaparecieron a manos de la organización, aunque otras organizaciones doblan la cifra.

El pasado diciembre, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto para que se reconociera el ascenso a título póstumo del edecán de Perón. A los 30 años de su asesinato a manos de militares, Alberte fue ascendido a coronel con fecha de 24 de marzo de 1976, el día de su asesinato. Para su hijo se trata de "un merecido aunque tardío homenaje a un peronista que fue silenciado por los burócratas del peronismo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de enero de 2007