El Defensor del Pueblo investiga el trato a los enfermos mentales presos en Fontcalent

La plataforma para la defensa y mejora de los servicios públicos en salud mental de Alicante ha elaborado un demoledor informe sobre el "precario" tratamiento asistencial que reciben los internos con patologías mentales que cumplen condenan en la cárcel de Fontcalent, centro que alberga dos de cada tres enfermos mentales presos en España. El colectivo denuncia el clamoroso déficit de personal para tratar unos 400 pacientes internos, un buen número de ellos con graves patologías. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha abierto una investigación sobre el trato a los presos en el psiquiátrico penitenciario.

Tras conocer el estudio, Instituciones Penitenciarias puntualizó que, en los últimos meses, la plantilla se ha reforzado con tres psiquiatras más

"Sus casi 400 pacientes mentales tienen derecho a que a todas las horas del día y todos los días del año haya, al menos, un psiquiatra"

El informe, elaborado a mediados de 2006, describe un estremecedor panorama asistencial en el Hospital Psiquiátrico y Penitenciario de Alicante, centro de referencia nacional por el volumen de pacientes encarcelados con patologías mentales. El presidio alicantino y la cárcel de Sevilla son los dos únicos centros penitenciarios que cuentan con hospital psiquiátrico para reclusos. Sin embargo, esta plataforma, que engloba a familiares afectados, expertos en psiquiatría y sindicatos, considera nefasta la atención que el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent presta a los presos con patologías mentales. A juicio de Salvador Roig, representante de CC OO en la plataforma, Instituciones Penitenciarias, prima la reclusión sobre el tratamiento asistencial. El órgano estatal deriva, por su parte, la responsabilidad a los jueces que, según fuentes de Instituciones Penitenciarias, ante el déficit de otros recursos sociales, "tienden a enviar a estas personas a hospitales psiquiátricos penitenciarios que muchas veces no son adecuados para el correcto tratamiento del enfermo".

En el momento de la elaboración del informe, tan sólo dos psiquiatras trataban a 390 pacientes internos, un buen número de ellos con graves patologías. A raíz del estudio, la juez de Instituciones Penitenciarias exigió un refuerzo de la plantilla de especialistas. Además, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, admitió a trámite la queja presentada por el colectivo cívico y ordenó abrir una investigación.

Según datos recabados por la plataforma, el departamento de agudos (el equivalente a cualquier unidad de hospitalización psiquiátrica y, por tanto, con graves trastornos psíquicos) no dispone de psiquiatra durante todo el día. En esta área, la media de pacientes llega a alcanzar los 40 internos. La plataforma reprueba que el especialista asignado a este departamento compatibilice su asistencia con consultas en el resto del centro, elaboración de informes y periciales. Esta situación es "inaceptable", considera el colectivo. Además, según esta plataforma, sus libranzas y vacaciones no son cubiertas por otro profesional. La situación es similar en los pabellones dos y tres. En mayo del pasado año, la cifra de pacientes acogidos en el departamento dos fue de un centenar. Estos internos, según alerta el informe, carecen de un psiquiatra asignado. El pabellón tres, con 127 presos, goza de una mejor situación: cuenta con un psiquiatra; si bien éste dedica tan sólo seis horas a la semana. Tras conocer el estudio, Instituciones Penitenciarias no desmintió la información, si bien puntualizó que, en los últimos meses, la plantilla se ha reforzado con tres psiquiatras más.

Ante esta abrumadora carencia de personal, rayana, según la plataforma, en la ilegalidad, el colectivo exige ampliar la plantilla de médicos en el hospital psiquiátrico con una media de diez especialistas (uno por cada 50 pacientes) con el fin de garantizar "unos servicios mínimos". La situación supone una clara conculcación de los derechos fundamentales, juzga la plataforma, toda vez que "discrimina asistencialmente a españoles en razón de su situación de reclusión". "Sus casi 400 pacientes mentales tienen derecho a que a todas las horas del día y todos los días del año haya, al menos, un psiquiatra", destaca el estudio.

No obstante, unos y otros admiten la "difícil" solución en este asunto, a tenor del déficit estructural de especialistas en la Comunidad Valenciana. Por poner un ejemplo, según los últimos datos de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la ratio de psiquiatras por cada cien mil habitantes es casi cinco veces inferior en la Comunidad Valenciana que en el País Vasco. La situación se complica habida cuenta de que la remuneración en el ámbito extrapenitenciario es un 300% superior que en los presidios. El informe abunda en este apartado y reprocha a Instituciones Penitenciarias que no se haya efectuado ninguna convocatoria de psiquiatras para los centros de reclusión del Estado. Por su parte, Instituciones Penitenciarias contesta a esta crítica con el argumento de "la dificultad" para contratar psiquiatras. Por ello, según fuentes de este órgano, el departamento se ha visto obligado a recurrir a contrataciones de especialistas a tiempo parcial.

Pero la plataforma va más allá y señala que el déficit de personal se extiende a otros colectivos, como auxiliares de clínica y celadores, cuyas condiciones laborales son "muy precarias" tanto por la sobrecarga de trabajo como por los medios de que disponen. Así, por ejemplo, los trabajadores no disponen de una grúa (sistema de poleas con correaje que facilitan la movilización de los enfermos). Además, en opinión del colectivo, los incendios provocados por los pacientes han destapado la falta de adecuadas instalaciones y medios de prevención. La lista de necesidades es larga. La enfermería del hospital carece de aire acondicionado, un tema que sería irrelevante a no ser porque muchos enfermos reciben una superposición de tratamientos farmacológicos. Una temperatura alta puede provocar disfunciones graves en estos enfermos.

Según describe el informe, el Hospital Psiquiátrico y Penitenciario de Alicante sufre un proceso de degradación "especialmente intenso" desde 1995 que se manifiesta en la falta de personal especializado y asistencial de primera línea, ausencia de formación del personal e inadecuación de unidades asistenciales básicas. El colectivo alerta de que Fontcalent es el único establecimiento psiquiátrico de España donde la decisión final sobre posiciones divergentes entre especialistas las resuelve un facultativo no especialista. "Según el psiquiatra que esté de guardia se podrá o no cambiar la pauta de tratamiento sin que exista ningún mecanismo de decisión superior", destaca el estudio.