Kirchner ajusta las cuentas a 30 años de impunidad

Recuperación económica y fin de la impunidad en materia de derechos humanos. Las dos patas sobre las que se asienta la gestión del presidente argentino, Néstor Kirchner, cuyo mandato termina este año, han recibido esta semana un fuerte espaldarazo con la detención en España de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.

Con la mira en las elecciones, el mandatario ve cómo el poder judicial confirma su política

Desde que, en junio de 2005, la Corte Suprema argentina anunciara la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la sociedad argentina vive una cascada incesante de procesos reabiertos y nuevas investigaciones que la han colocado ante el hecho de que, más de tres décadas después, el país va a ajustarle las cuentas a su pasado. Una política impulsada desde la Casa Rosada.

"Cuando el presidente dijo que no dejaba sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y que no iba a haber pactos de impunidad con nadie, comprendía a todos, también a la señora de Perón", destacó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en la primera reacción oficial a la detención en Madrid de la ex jefa del Estado. Con la vista puesta en las elecciones presidenciales de este otoño, el mandatario argentino observa cómo el poder judicial confirma su política de no pasar página, iniciada ya en los primeros momentos de su mandato.

Mirar al pasado es una política polémica, pero Kirchner juega con la ventaja que le otorgan los números del presente. El martes se conoció que en 2006 la inflación se situó finalmente por debajo del 10%, y aunque sigue siendo de las más altas del continente, los argentinos ven alejarse uno de sus grandes demonios: la hiperinflación. Apenas dos días después se producía la orden de detención de Isabelita, un hecho que confirma que, en primer lugar, los jueces que investigan los casos de asesinatos, desapariciones y torturas van a perseguir a todos los culpables, independientemente de su grado de vinculación al hecho y de su paradero y, en segundo lugar, que los crímenes investigados no se ciñen sólo a los años de la dictadura militar (1976-1983) sino también a los años previos al golpe, cuando el país se veía sometido a una gran violencia política y ya empezaba a actuar el terrorismo de Estado.

Los años que van de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, al golpe del 24 de marzo de 1976, son objeto de controversia en Argentina. Se trata de un periodo de gran violencia política interpretada de manera diferente según sea el punto de vista. Hay quienes hablan de la "teoría de los dos demonios", según la cual había dos fuerzas antagónicas -extrema izquierda y extrema derecha- que crearon una situación que condujo al golpe militar. Una versión rechazada por Kirchner en sus discursos. La otra tesis es la de quienes señalan que la extrema derecha -cuyos miembros ya ocupaban altos puestos de Estado- preparó en este periodo la llegada del régimen militar, y aquí se enmarcan, entre otras acciones, los asesinatos cometidos por la Triple A o el denominado Operativo Independencia, efectuado por el Ejército argentino en la provincia de Tucumán en 1975. Los jueces avalan ahora esta tesis.

"Es bueno revisar la violencia estatal descargada sobre el pueblo desde mucho antes de la dictadura", alega María Cristina Caitai, del Centro de Estudios Legales y Sociales, el organismo que con una querella logró la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.