Los paramilitares colombianos denuncian su exterminio

Los jefes del paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), detenidos en una prisión de alta seguridad, denunciaron ayer una campaña de exterminio de ex combatientes desmovilizados de su grupo para impedir que hablen. Los cabecillas de las AUC hicieron público un comunicado desde la cárcel de Itagüí, cerca de Medellín, en el que protestaron por el asesinato de Jairo Andrés Angarita, ocurrido el miércoles pasado, informa Efe.

Jairo Andrés Angarita, de 26 años, ex hombre de confianza de Salvatore Mancuso en las AUC y coordinador del proceso de desmovilización en el departamento de Córdoba, fue asesinado por desconocidos. Angarita, de 36 años, murió tras ser tiroteado cuando se encontraba con unos amigos en un conocido restaurante de la ciudad ubicado en el oeste de la capital de la región de Antioquia. Era considerado uno de los más importantes miembros de las autodefensas desmovilizadas, y el gobernador de Córdoba, Libardo López Cabrales, había iniciado las gestiones para garantizar la segunda fase del proceso de desmovilización de los 30.000 paramilitares.

El gobernador contó que se habían reunido Angarita y él con el obispo de la capital cordobesa, Julio César Vidal, para comenzar con el trabajo referente al proceso de integración en la sociedad de los desmovilizados. Explicó también que Angarita les había propuesto organizar una oficina en Córdoba, alternativa a la del Alto Comisionado para la Paz, por medio de la cual se canalizaran recursos para fomentar y desarrollar proyectos productivos para la atención de la reinserción.

Éste fue el cuarto asesinato de desmovilizados en las últimas semanas. Los líderes de las AUC calificaron como "llamativo" el hecho de que Angarita fuera asesinado después de ofrecer revelar "toda la verdad" de los nexos entre políticos y empresarios con las AUC en el noroeste del país.

Asimismo, pidieron a la misión de apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) "denunciar esta campaña siniestra ante organismos internacionales" y gestionar apoyo internacional para que continúe el proceso de reinserción de los desmovilizados.

Las AUC celebraron con el Gobierno un proceso de paz que comenzó en el 2003 y concluyó hace pocos meses con la desmovilización de más de 31.000 combatientes y hace un mes entró en crisis.

La organización reunió a los escuadrones paramilitares surgidos en los últimos 20 años para combatir a las guerrillas y que en la mayoría de los casos se convirtieron en escuadrones de la muerte.

El jefe de la misión de la OEA que supervisa el proceso de paz, el argentino Sergio Caramagna, expresó ayer su preocupación por los asesinatos de varios ex miembros y subrayó que "es fundamental que una persona sienta que al entregar sus armas no pone su vida en peligro más que cuando tenía las armas en sus manos".

El jueves, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció una recompensa del equivalente a 40.000 dólares (30.000 euros) para quien ayude a encontrar a los autores del asesinato de Jairo Andrés Angarita.

El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, declaró que "hasta donde lo muestran las apariencias, no se trata de casos aislados sino (...) pareciera que es una confabulación o acto deliberado de eliminar a unas personas determinadas y muy calificadas dentro de la organización paramilitar".